Había en la última sesión de Diputados la posibilidad de poner dos tipos de etiquetas. Una para cuidar la salud física, con los rótulos a los alimentos que tienen elementos que pueden ser nocivos para el organismo si se los consume en exceso. La otra para cuidar la salud institucional, que era una especie de octógono negro pero no a productos si no a personas, con el sencillo propósito de que los condenados por corrupción no puedan ser candidatos.
El Congreso le dijo sí al Etiquetado Frontal y no a la Ficha Limpia. Ya ha sido explicitada la importancia de la primera iniciativa, la que cuida nuestro cuerpo. Pero bien podría haberse avanzado en el cuidado del otro cuerpo, el cuerpo social, poniendo una barrera para aquellos que confundieron lo público con lo propio y tratando de alejarlos de cargos de representación popular.
El oficialismo del Frente de Todos se excusó en cuestiones formales del tratamiento parlamentario para avanzar en la iniciativa que establece que aquellas personas que recibieron una condena por actos de corrupción no pueden volver a ser candidatos.
En Córdoba, en la Legislatura provincial está cajoneada hace años un proyecto de Ficha Limpia por decisión del oficialismo schiarettista.
Uno por ciento
La iniciativa es una gota de transparencia en el océano pestilente de manejos espurios de los recursos públicos. No va a solucionar el problema de fondo, está claro, pero al menos aporta un pequeño elemento como para alejar a los corruptos de la función pública.
Para que exista esa veda debe haber primero una condena por actos de corrupción. Y para llegar a una sentencia de ese tipo el camino es casi eterno. Hay un promedio de casi 20 años en el tratamiento de esos expedientes. De hecho, hay causas del menemismo, o sea el siglo pasado, pendientes de resolución.
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De los casos que avanzan, sólo el dos por ciento llega a juicio oral. Leyó más que bien. El dos por ciento de los casos de corrupción va a juicio. Y tan solo la mitad de los acusados es condenada en esas audiencias. Simple la cuenta. El uno por ciento de los imputados por corrupción termina con condena.
Y para que quede firme pueden pasar décadas.
El sistema genera ya barreras de protección en el Poder Judicial para lograr la impunidad. Y por si no fueran suficientes, el Congreso le pone una más como para proteger a esos pocos que son condenados.
Porque la salud institucional importa cada vez menos.
