Reducir el monumental gasto en sueldos de la Municipalidad de Córdoba no es un desafío cualquiera. Es por lejos el problema central que enfrenta la ciudad, la clave para explicar su impactante deterioro en términos de servicios e infraestructura municipales en por lo menos los últimos veinte años.
Sobran los números para ilustrar sobre este asunto:
En abril, el sueldo promedio en bruto del plantel municipal fue de 126 mil pesos, más del doble de lo que ganan los asalariados formales que viven en la ciudad a la que los agentes afiliados al Suoem en teoría deben servir. Y la distancia con los ingresos promedio de los vecinos que están en la informalidad es mucho mayor.
Con el recorte del 30 por ciento para los funcionarios que dispuso Martín Llaryora, hay 559 empleados con sueldos por encima del intendente, que gana ahora en bruto unos 185 mil pesos.
Una "posición adelantada" prohibida por la Carta Orgánica de Córdoba, que establece como tope el salario del titular del Poder Ejecutivo Municipal.
En esos niveles salariales de primer mundo, bien arriba de los 200 mil pesos mensuales en bruto, hay de todo: capataces de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, docentes al mando de escuelas municipales, o personal administrativo de las áreas de habilitaciones de negocios o recursos tributarios.
Oportunidad perdida
La magnitud del problema es perfectamente comprendida por buena parte de la dirigencia de la ciudad, incluidos la mayoría de los opositores que el viernes eligieron retacear su voto en el Concejo Deliberante. Aliados inesperados del Suoem.
Concejales que desde que participan del debate público apuntan su mensaje contra la enorme porción de los recursos municipales que absorben los sueldos decidieron desperdiciar esta oportunidad de pronunciarse.
Una deserción camuflada en diferencias reglamentarias. Esgrimiendo razones formales sobre la convocatoria a la sesión virtual, abortaron su participación en el videochat a la hora de votar.
La ciudad pierde una chance de reforzar políticamente los muros de contención necesarios para enfrentar la respuesta del Suoem.
El aristocrático gremio de los municipales tiene sobrada experiencia en boicotear servicios e incluso dañar el patrimonio público a la vista de todos, si una política no es de su agrado.
La enésima muestra de su desprecio por las normas de cualquier nivel la dieron este mismo viernes, con la movilización hacia la sede del Concejo. Llamativamente, la Policía no exhibió el rigor que muestra desde que está vigente el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y no detuvo a nadie.
El recorte ya empezó
La gestión Llaryora había elegido encarar esta cuestión sin estridencias. Primero, desactivó la cláusula de ajuste por inflación, que en los últimos años de la anterior administración agudizó el histórico problema de los sueldos exorbitantes.
Después, el nuevo gobierno municipal pateó la reapertura de la paritaria. Y ya desde el inicio de la cuarentena desactivó bonificaciones como prolongaciones de jornada y horas extra de agentes alcanzados por el receso dispuesto por la emergencia sanitaria.
Pero eso está lejos de alcanzar para equilibrar las finanzas municipales, consagradas principalmente a atender a su plantel. La parálisis de la economía derivó en un desplome de la recaudación que torna insostenible un gasto que ya era inviable antes.
Así llegamos a esta reducción horaria, que tendrá su correlato en lo salarial. ¿Alcanzará? Parece improbable. Para completar los sueldos de abril, la Municipalidad necesitó juntar más de 1.600 millones de pesos.
El ahorro que podría generar esta reforma apenas superaría el 10 por ciento de esa masa de recursos. La recaudación se desploma por encima del 50 por ciento.
El recorte, que en el fondo no es tal porque contempla una disminución de la carga horaria que en teoría trabajan los municipales, podría quedarse corto.
Todo indica que será necesaria una reingeniería más profunda, algo que la ordenanza aprobada este viernes habilita hacer, en un capítulo que habla de "racionalizar estructuras", "congelar cargos" o "limitar interinatos".
El desafío es desarticular una trama burocrática habituada a responder sólo al mandato gremial e ignorar a quienes los vecinos eligen como autoridades.
