Mucho más gestual que de efecto concreto.
Los anuncios de Mauricio Macri de recortes en la burocracia estatal tienen fundamentalmente que ver con la necesidad de encontrar golpes de efecto en el momento más complejo de la gestión presidencial en términos de imagen pública.
Macri dijo que reducirá un cuarto los cargos políticos, que son aproximadamente unos 3.500. Hay una larga lista de reparticiones superpuestas, acumuladas como capas geológicas tras el paso de cada una de las gestiones. Pero no siempre tener menos cargos implica que se harán las cosas más rápido y mejor, dos de las grandes deudas que tiene el Estado con los ciudadanos.
La idea de tener a la mayor parte de la burocracia estatal cubiertas con personal especialmente capacitado, que se mantenga en cada recambio de gobierno y que sólo se modifiquen algunos puestos de conducción (ministros, secretarios y subsecretarios) cuando se renuevan los mandatos presidenciales fue abandonado allá por 1986, apenas un par de años después que la había intentado implementar Raúl Alfonsín en el regreso de la democracia. Se sigue sin avanzar en ese sentido.
Lo del congelamiento salarial es mucho más simbólico que otra cosa. Los sueldos que quedarán sin aumento este año son de funcionarios que cobran entre 90 y 140 mil pesos de bolsillo. Pero lo que habrá que seguir con atención es si no se compensa la falta de aumentos de salarios con incrementos en viáticos u otros gastos cubiertos.
También es una incógnita lo de la prohibición de que los familiares de ministros ocupen cargos políticos. Si la medida es retroactiva, varios se deberán ir. Lo cierto es que deberíamos tener unos días de renuncias masivas, entre ellas la de cordobeses y cordobesas.
Hay que recordar que los dos ministros del gabinete nacional oriundos de Córdoba tienen familiares en el Gobierno. Oscar Aguad, ministro de Defensa, es suegro del titular del Arsat, Rodrigo De Loredo; y el ministro de Turismo, Gustavo Santos, tiene a su hijo Matías como jefe de asesores.
Algunos aplaudirán esta decisión y otros se preguntarán sobre casos de familiares directos de probada capacidad para ocupar la función público. Lo cierto es que figura entre las demandas ciudadanas el que el empleo público no sea un botín hereditario.
El impacto en las arcas públicas será muy pequeño, o casi nulo, pero seguramente tendrá lo que Macri y los suyos están buscando: un golpe de efecto para pararse en el centro de la escena después de dos meses bastante complicados.