El Gobierno nacional ordenó a las principales entidades de medicina privada retrotraer el valor de las cuotas de sus planes a diciembre de 2023 y recalcular los aumentos en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta indicación fue comunicada luego de una medida de tutela anticipada que se dictó a raíz de una “denuncia por presunta cartelización”.
Sobre esto, el abogado constitucionalista Christian Cao explicó en Arriba Córdoba que “deja de permitir a las compañías prepagas que fijen el precio de la cuota según quieran”. Y aclaró que el Ejecutivo puede intervenir a partir de esta “sospecha de cartelización”, ya que entiende que “las empresas se han puesto de acuerdo para aumentar de manera pareja, proporcional, similar y a partir de ahí han elevado desmesuradamente el precio de las cuotas”.
Cao detalló que esto es de “aplicación inmediata, independientemente de que si alguna empresa no estuviera de acuerdo o entendiera que esto afecta a sus derechos al giro comercial podría cuestionarlo a la Justicia”, debido a que es una resolución del Poder Ejecutivo y no Judicial.
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“Por lo tanto, la consecuencia directa de esto, y si ninguna de las empresas lo cuestiona, es que la próxima cuota debería venir con un aumento en el cual habría que retrotraerlo al mes de diciembre y a partir de ahí aplicarle, entre otras cosas, el Índice de Precios al Consumidor. Pero esto es a futuro”, subrayó.
Por su parte, el Gobierno nacional informó que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) también presentará una medida cautelar ante la Justicia para “obligar a las empresas que concentran el 90% del mercado de medicina prepaga a retrotraer el valor de las cuotas y a devolver a los afiliados el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre”.
Sobre esto, el abogado constitucionalista fue claro: “De ninguna manera podría el Gobierno exigirle a las empresas que hagan una devolución de lo cobrado, de lo percibido del mes de diciembre hasta ahora. Porque acá habría claramente una afectación al derecho a la propiedad privada de las empresas”.
Y cerró: “Si el Gobierno quisiera llevar adelante esa medida de intentar que devuelvan las empresa lo que cobraron muy por encima de la inflación, por ejemplo, ahí deberían recurrir a la Justicia y ahí lograr que un juez dicte una sentencia y que obligue a las empresas a devolver justamente esta suma de dinero”.
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