El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, presentó una denuncia penal en la que argumenta que cerca del 50% de los comedores que eran beneficiarios del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre, implementado en la pandemia, eran inexistentes.
La cartera presidida por Sandra Pettovello dio a conocer que algunos casos presentaban diferencias entre los datos de preinscripción y los reales. Asimismo, en otros casos las direcciones declaradas nunca funcionaron como merenderos.
Según la presentación judicial, el 32% de los comedores no funciona más como tal; el 25% de los datos de la preinscripción no coinciden con los reales (direcciones inexistentes o en las que no hay comedores) y casi el 16% declaró una dirección en la que nunca funcionó un merendero.
La información surgió de las auditorías que realizó el mencionado Ministerio en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (Renacom) para investigar el programa Argentina Contra el Hambre, presentado en enero de 2020.
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El Gobierno detalló que pudo relevar poco más de la mitad (52,3%) de todos los comedores que aparecen en el Renacom y que el restante 47,7% no pudo ser relevado porque son catalogados como “inexistentes” por distintos motivos.
De acuerdo a la denuncia, el proceso para que los comedores resultaran beneficiados por el Plan constaba de tres pasos: preinscripción, validación y matriculación. En esta última etapa, se matriculaba por el lapso de dos años, es decir hasta 2022. Si el comedor o merendero no era validado, no debía seguir formando parte de los beneficiarios.
La auditoría afirmó que la gestión a cargo de Alberto Fernández “no realizó los controles correspondientes sobre los comedores a los que asistía con mercadería”. “La ausencia de control en los dineros estatales se refleja en la imposibilidad material de poder controlar y/o inspeccionar debidamente los beneficios que se otorgaron, y/o si los comedores beneficiarios de las mismas fueron correctamente seleccionadas a tal efecto; o bien, si aquellos tenían algún tipo de incompatibilidad que tornara ilegal dicho otorgamiento”, reza la denuncia.
El caso de uno de los comedores llamó la atención ya que el Gobierno se encontró con un barrio privado al intentar constatar la existencia del merendero en cuestión.