En otra vuelta sorpresiva de la política, desde el Frente Cívico denunciarán este jueves a quien fuera uno de sus integrantes fundamentales. Legisladores del juecismo se presentaron en Tribunales I para reclamar que se investigue la compra de 400 autos para Seguridad Ciudadana de la Provincia.
El apuntado es el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Lo acusarán por defraudación pública: afirman que ordenó la compra de vehículos con sobreprecios de un 70 por ciento.
Según anticipó Roberto Battaglino en Arriba Córdoba, la presentación detalla, por ejemplo, que los Renault Sandero, con un valor de mercado que ronda los 23 millones de pesos, están presupuestados por 37 millones. Algo similar ocurriría con los Peugeot 208, cuyo valor de referencia es de 22 millones y se habría acordado su compra por 38.
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En el pliego que el juecismo llevó a la Justicia se aclara que el pago se realizaría de manera anticipada. Es decir que no estaría contemplado el “costo financiero” por pagos con demorada, algo habitual en el mundo de la política.
“38 millones de pesos por cada vehículo fue lo que estaba a punto de pagar la Provincia cuando en el mercado no superan los 23 millones, había más de 15 millones de sobreprecio por cada uno de estos autos”, planteó el legislador Walter Nostrala en Noticiero Doce.
“Al ver este informe tenemos la obligación de hacer la denuncia contra el Ministerio. Esto se detectó porque la mayoría en el Tribunal de Cuentas no la tiene más el oficialismo”, resaltó, y comparó la denuncia a la realizada por presuntas compras irregulares en la Senaf. Video:
La respuesta de Quinteros
Además de integrar el Frente Cívico durante años, el hoy funcionario se caracterizó durante su carrera como legislador por denunciar presuntas maniobras de corrupción en el peronismo provincial.
En conferencia de prensa, y sin ocultar su molestia por la acusación, el ministro respondió en duros términos a sus ex compañeros de partido. Los señaló por estar “esperando alguna cuestión para hacer una denuncia” y sostuvo que la presentación se hizo a partir de información que su gestión había aportado.
“Se hizo con una copia certificada del expediente porque lo advertimos nosotros. Nosotros mismos advertimos que el precio estaba desfasado”, reconoció y subrayó: “El proceso que se hizo es absolutamente transparente. La subasta electrónica no permite que no haya transparencia, cualquier proveedor la puede ir siguiendo online”.
Quinteros cerró su respuesta resaltando que todo es “una falsa denuncia” y, por ende, “un delito” que evaluará llevar a la Justicia: “Yo puedo dejar que se cuestione el plan de seguridad, si vamos bien o mal, lo que no voy a dejar en manos de nadie es mi honorabilidad”. Video:
