A casi 30 años del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que causó la muerte de 85 personas y dejó graves a 151, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado argentino por su responsabilidad y falta de investigación.
En la lectura del veredicto de este viernes, la presidenta del organismo, Nancy Hernández, concluyó que Argentina “incurrió en una falta grave a su deber de investigar uno de los mayores atentados terroristas en la historia de la región”. Además, planteó que no impuso medidas para evitar el atentado pese a que “conocía la situación de riesgo”, que existió “encubrimiento” y que no le permitieron a familiares de las víctimas acceder a documentación oficial.
“El Estado conocía de una situación de riesgo real e inmediata sobre los sitios identificados con la comunidad judía y que no adoptó las medidas razonables para evitar dicho riesgo”, indicó en el fallo. También sostuvo que hubo “dilaciones injustificadas al proceso” y “falta de esclarecimiento y situación de impunidad”.
En ese sentido, consideró que estas situación llevaron a que familiares de las víctimas sufrieran “angustia, tristeza y frustración”. Por esta razón, ordenó que sean indemnizados.
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La sentencia establece que “se comprobaron una serie de maniobras realizadas por agentes estatales con el fin de obstaculizar la investigación y encubrir a los verdaderos autores, los cuales, a la fecha, no han podido ser identificados, juzgados y eventualmente sancionados”.
Con todo esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió al Estado argentino abrir los archivos y la información relacionada al atentado, clasificarla y ubicarlos en un mismo espacio físico para garantizar su conservación.