En pleno escándalo por la denuncia de violencia de género, Alberto Fernández sumó una nueva acusación en su contra. Este miércoles el fiscal Carlos Stornelli imputó al expresidente por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en el manejo de la extensa cuarentena decretada por la pandemia de Covid entre 2020 y 2021.
La resolución tuvo lugar tras la denuncia del legislador porteño Yamil Santoro al ex presidente a partir de las recientes declaraciones del ex ministro de Economía Martín Guzmán sobre la cuarentena. Durante una entrevista en el canal de streaming Cenital, el ex funcionario afirmó que el periodo de aislamiento se extendió con fines políticos.
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“Se investigarán las posibles conductas delictivas de Fernández, quien está acusado de extender por razones indebidas las restricciones, con fuertes consecuencias tanto a nivel social como económico”, planteó Stornelli, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 en su requerimiento de instrucción a la jueza federal María Servini.
Y agregó: “En este sentido, conforme surge de los escritos de denuncia incorporados, quien fuera ministro de Economía de aquella gestión de gobierno nacional, Martín Guzmán, habría señalado en el marco de una entrevista periodística que ‘(…) dada la información técnica que tenía, fue más larga de lo que tendría que haber sido’ y que ello obedeció a motivos de conveniencia política, o una suerte de ‘bandera más política’, ya que le estaba yendo ‘bien con la sociedad’ y que ‘la administración de la pandemia es lo que hacía fuerte al Gobierno’. El nombrado incluso habría referido: ‘Entonces, por mucho tiempo era no, no, no se puede (relajar la cuarentena)’”.
Además, el fiscal Stornelli ordenó que se recaben todas las normas dictadas por el Ejecutivo para imponer limitaciones en la cuarentena. También, solicitó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) estadísticas sobre las medidas sanitarias que tomaron los demás países por la pandemia.
Así mismo pidió al gobierno de Javier Milei documentación de posibles encuestas de opinión que hubiera realizado la gestión anterior respecto de la cuarentena. Por último, el funcionario citó a economistas y representantes de cámaras empresariales para conocer el impacto económico de las medidas restrictivas.
