Detrás de la detención del funcionario municipal Guillermo Kraisman por robar fiambres de un supermercado se oculta un escándalo mayor. Telenoche reveló el dinero que cobra de parte del Estado para comedores comunitarios.
La familia Kraisman tiene una asociación civil que se llama “Corazón Abierto”, con cuatro sedes donde funcionan comedores comunitarios, merenderos y algún tipo de centro de asistencia.
Recibe dos aportes estatales. Por un lado de la Municipalidad de Córdoba a través de la tarjeta Activa que son 200 mil pesos por mes por comedor, lo que representa en este caso un total de 800 mil pesos. Por el otro, obtiene una serie de recursos por diversos programas de la Provincia que representaron una erogación de poco más de 2 millones de pesos entre 2022, 2023 y lo que va de 2024.
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Kraisman integra el directorio de la asociación civil que encabeza una de sus hijas y de la que participa el resto de su familia. A raíz de su detención fue desvinculado como director general de Promoción de Clubes Sociales y Deportivos de la Municipalidad aunque todavía no se conoció el decreto correspondiente.
El exfuncionario, quien se desempaña como presidente del club Avellaneda, recibía los beneficios del Estado incluso cuando estaba en la función pública y los sigue percibiendo pese a su paso por la cárcel, donde recuperó la libertad este lunes.
La situación siembra múltiples dudas. Por un lado si era ético que siendo funcionario haya recibido los aportes estatales. Otros interrogantes surgen en torno al manejo que habría realizado de los recursos.
Además del robo y la agresión a policías en el súper la semana pasada, tiene una acusación por quedarse con packs de leche que debían ser entregados a merenderos y los cuales distribuía en su casa en el marco de una elección. A su vez está señalado por haber sorteado kits sanitarios gratuitos de la Provincia durante la pandemia haciendo beneficencia con sentido electoral, pese a que esos elementos debían entregarse de manera gratuita.
Los episodios protagonizados por Kraisman ponen en la mira no solo el mal uso que pudo haber hecho de la ayuda estatal sino también la rendición de cuenta por el aporte obtenido para su asociación familiar.
