En respuesta al pedido del presidente Javier Milei para que las provincias hagan un ajuste adicional de 60 mil millones de dólares, los legisladores nacionales del peronismo cordobés aseguraron que el planteo es “disparatado”.
Así lo expresaron en un comunicado difundido este martes con la firma de la senadora Alejandra Vigo y los diputados Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Natalia de la Sota, Alejandra Torres y Juan Brügge.
“El ajuste disparatado que el Presidente pretende que hagan las provincias”, se tituló el mensaje luego de la presentación del Presupuesto 2025 que Milei realizó el domingo ante el Congreso. “Es absolutamente insostenible y fuera de toda lógica la idea de que las provincias deben ajustar en 60.000 millones de dólares (aproximadamente 10 puntos del PIB)”, continuó.
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Al argumentar la postura, los legisladores de Córdoba Federal agregaron: “Para poner las cosas en perspectiva, si consideramos que el Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina es de alrededor de 600.000 millones de dólares, y que el gasto consolidado de las provincias es aproximadamente el 14,7% del PIB (datos de IARAF), esto significa que las provincias tienen un gasto total de alrededor de 88.000 millones de dólares. Reducir 60.000 millones de esa cifra implicaría una reducción de más de 68% del gasto provincial”.
“Esto significaría, en términos prácticos, que las provincias deberían reducir a una tercera parte el gasto en servicios fundamentales como educación, salud, seguridad, y obras públicas. Es inimaginable que el conjunto de provincias invierta en esos servicios fundamentales un tercio de lo que invierten hoy”, manifestaron.
El comunicado recalcó que la medida pretendida por el jefe de Estado “es un disparate total porque sería imposible para las provincias seguir brindando servicios esenciales con ese nivel de ajuste”. Y expusieron: “No estamos hablando de una optimización del gasto ni de un ajuste, sino de un recorte draconiano que pondría en peligro la vida de millones de personas que dependen de los servicios públicos que las provincias proveen”.
“Cualquier debate sobre la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto público es válido, pero proponer una reducción de esta magnitud simplemente no tiene cabida en la realidad. Las consecuencias sociales y económicas de un ajuste de esta magnitud serían devastadoras y empeorarían la situación de las personas más vulnerables en todo el país”, concluyó el texto.
