Córdoba dio un paso clave para sumarse al Régimen de Incentivo a Grandes Inversores (RIGI) luego de que el gobernador Martín Llaryora enviara a la Legislatura el proyecto de ley para adherir al esquema aplicado por el Gobierno nacional mediante la Ley Bases.
En el texto destaca que la provincia se caracteriza desde hace años por su matriz productiva y tecnológica, el trabajo articulado entre el sector público y el privado que se dan en un marco de estabilidad institucional y jurídica que propician las inversiones.
A comienzos de octubre, el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, había anticipado que la iniciativa cordobesa contemplaría “un esquema superador”. El funcionario subrayó que “impulsará las fortalezas que tiene nuestra provincia, ya que agregará incentivos que harán aún más potente a esta herramienta”.
+ MIRÁ MÁS: Cómo funciona “Ojos en alerta”, el programa de seguridad que llega a dos barrios de Córdoba capital
El proyecto provincial agrega, como una manera adicional de garantizar la viabilidad y/o desarrollo de tales inversiones, “disponer que los titulares de proyectos que se radiquen y/o localicen en la provincia de Córdoba para desarrollar y/o ejecutar inversiones productivas en la misma, gocen de una estabilidad fiscal en los tributos provinciales”.
Además incorpora la posibilidad de extender los beneficios de esta ley a otros proyectos. “Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a otorgar los beneficios previstos en el presente artículo, a grandes inversiones que no se encuentren comprendidas en artículo 1″ de la norma sancionada por el Congreso Nacional, sostiene el texto que lleva la firma del gobernador Llaryora.
Por otra parte, la Provincia se reserva la potestad de “incrementar los beneficios previstos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, así como desarrollar y ejecutar obras de infraestructura complementarias, regímenes de incentivos, y financiar programas para capacitación y nuevos puestos de trabajo”.
A su vez el proyecto de adhesión de Córdoba al RIGI invita a municipios y comunas a “dictar las normas legales pertinentes a los fines de otorgar beneficios de estabilidad fiscal a los Vehículos de Proyecto Único (VPU)”.