Tal como lo anticipó la semana pasada el vocero presidencial, Manuel Adorni, este jueves el Gobierno envió un proyecto de ley al Congreso para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Además, la iniciativa busca modificar la ley orgánica de partidos políticos y el sistema de financiamiento de los mismos. La presentación fue comunicada por el propio Adorni en su cuenta de X (ex Twitter).
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“El Gobierno envió al Congreso Nacional la Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral: esto significará la eliminación de las elecciones PASO y la modificación del financiamiento de los partidos políticos. Menos recursos para la política, más recursos para todos los argentinos. Fin”, escribió el funcionario.
Los detalles del proyecto
Días atrás durante el anuncio de la iniciativa Adorni explicó los pormenores. “Desde su creación en 2011 las PASO han funcionado como una encuesta millonaria al servicio sólo de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos, con un costo solo en el año 2023 de $45,445 millones de pesos y la obligación para los argentinos de tener que ir a votar el año pasado tres veces”, justificó.
La modificación de la Ley Orgánica de partidos políticos busca mejorar su representatividad y evitar los famosos sellos de goma “cuyo único objetivo es el recaudatorio”, señaló Adorni.
Las agrupaciones deberán contar con 0,5% de afiliados del padrón electoral y tener un mínimo de 3% de los votos en dos elecciones consecutivas. A los partidos nacionales se les exigirá presencia en al menos diez distritos (hoy se requieren cinco). También se va a presentar una plataforma digital para gestionar afiliaciones y las agrupaciones tendrán tiempo hasta el año 2026 para adecuarse a la normativa.
Por último los cambios en el sistema de financiamiento de los partidos políticos tiene como objetivo “reducir el gasto público y transparentar los recursos que reciben los partidos”, indicó el vocero.
Entre las medidas se encuentran la implementación del aumento de topes de aportes privados, la eliminación de los espacios de publicidad electoral y el financiamiento público para las campañas (habrá un único aporte por año proporcional a los resultados), la reducción de encuestas de 8 días a 3 días anteriores a cada elección, y la creación de la figura del fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral.
