La “ruta del dinero Kraisman” llegó, como era previsible, a barrio Ampliación San Pablo. Esa es la zona de la ciudad de Córdoba en donde el puntero peronista ejercía, hasta hace días, su influencia y su poder manchado por la corrupción.
En seis allanamientos realizados este martes, secuestraron computadoras y celulares. Uno de ellos tuvo lugar en la casa de Virginia Martínez, la misteriosa empleada de la Legislatura y dueña del DNI con el que Guillermo Kraisman y Luciana Castro -contratada por la Provincia y ya despedida por la Municipalidad- intentaron cobrar un millón de pesos en el Banco de Córdoba.
Según informó Federico Tolchinsky en Noticiero Doce, ante un pedido de la fiscalía de Andrés Godoy la Legislatura explicó qué función cumplía Martínez en la Legislatura. Pero la respuesta breve: dijeron que durante diciembre se la contrató como “asistente legislativa nivel 3”.
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Para la Justicia, esa respuesta es insuficiente. Más teniendo en cuenta que a sus 37 años, el mes de trabajo en el Estado como “asistente” fue el primero en blanco de su vida. Por eso enviaron otro oficio pidiendo que amplíen la información y que manden la copia del contrato.
Mientras tanto, tanto Kraisman como Castro siguen detenidos acusados de tentativa de estafa. La sospecha principal es que intentaban retirar al menos una gran parte del primer sueldo de Martínez: habían abierto su cuenta un día antes de presentarse en el banco a cobrar con su DNI.
Primera expresión
El ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, fue el primer alto funcionario en referirse al escándalo. Todas estas actitudes deben ser severamente repudiadas y sancionadas. Si nosotros tenemos la falta de aceptación social que tiene la política es por hechos como éstos. Que actúe la Justicia", expresó en Noticiero Doce.
“Hacen daño a todos, a la política y a la sociedad, cualquier acto de corrupción es perjudicial para la sociedad”, lamentó.
