Los concursos para cubrir vacantes en el Poder Judicial han quedado bajo la lupa después de la situación planteada en noviembre de denuncias de irregularidades en un examen para puestos de defensor oficial.
En aquel momento, se conoció que cuatro aspirantes en ese concurso habían obtenido resultados ampliamente por encima del resto de los postulantes.
Por esa razón se abrió una investigación contra el responsable de ese concurso, el defensor público oficial Eduardo Caeiro, que habría facilitado antes del examen las preguntas a Mariana Lorenzatti, Paz María Sonzini Astudillo, Florencia Zuliani y Ana Martha Ruiz Tamagnini.
Esa investigación tiene dos facetas: un sumario administrativo en el Tribunal Superior y una causa penal que instruye el fiscal Enrique Gavier.
El fiscal pidió la imputación de Caeiro y las cuatro “ganadoras” bajo la figura de violación de secreto oficial reiterada.
El sumario administrativo en el Tribunal Superior está rodeado de múltiples versiones, en especial porque hay versiones que indican que Caeiro planteó que está dispuesto a contar sobre otros concursos que habrían sido amañados.
En tal sentido, según reveló Roberto Battaglino en Arriba Córdoba, se investigan posibles filtraciones e irregularidades en otros concursos para cubrir puestos en el Poder Judicial de la provincia.
Las sospechas surgieron a partir de los testimonios que fue tomando Gavier y ponen en tela de juicio la transparencia en las designaciones en Tribunales de las que se ufanaban en el Tribunal Superior de Justicia.
