Luego de la primera audiencia ante la Corte Suprema de la Nación por la deuda que el Gobierno nacional mantiene con Córdoba, el gobernador Martín Llaryora afirmó que los incumplimientos son “un acto discriminatorio con los jubilados que pertenecen a las provincias”.
El mandatario también consideró que representa “un debilitamiento grave de la vida institucional de la Argentina, puesto que la normativa aplicable ha sido debatida y acordada en el Congreso de la Nación, en ejercicio de tal premisa constitucional”.
La reunión ante el máximo tribunal de Justicia se desarrolló luego de dos demandas presentadas en 2023 por el entonces gobernador Juan Schiaretti. Como representantes de la Provincia, asistieron Llaryora; el ministro de Justicia, Julián López; el fiscal de Estado, Jorge Córdoba; y el ministro de Economía, Guillermo Acosta.
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Por parte de Nación, concurrieron José María García Hamilton, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; Valeria Sánchez, subsecretaria de Coordinación Fiscal provincial; y Andrés Gutiérrez, el representante legal de la Anses.
Las partes acordaron volver a reunirse “dentro de 15 días para analizar propuestas concretas ante nuestro histórico reclamo”, comentó el mandatario provincial.
Respecto a los fondos adeudados, el gobernador manifestó: "A la Argentina le irá bien cuando todos cumplamos las leyes. Y lo que estamos viendo en este tema es un incumplimiento manifiesto, unilateral, con los aportes que le tienen que mandar a los jubilados cordobeses. Esta deuda ya supera el billón de pesos, lo que equivale a un 50 por ciento de lo que la Provincia invierte en infraestructura".
“Queremos encontrar soluciones definitivas al reclamo de la deuda previsional. Soy el tercer gobernador de Córdoba en requerir lo mismo, antes lo hicieron José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, con un planteo similar que deja en claro que esta situación trasciende a los presidentes de distintos partidos políticos, a diferencias ideológicas, y expone una preocupante conducta del Gobierno central, que avanza sobre los derechos de las provincias y afecta al federalismo”, añadió Llaryora.
En el mismo sentido, consideró que “en este caso es más grave aún” y apuntó: “Hoy enfrentamos la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 280, del 27 de marzo de 2024 por el cual se estableció que directamente se suspenden los envíos que por ley debe destinar la Nación a la Provincia de Córdoba“.
“Se trata de un punto cúlmine del destrato institucional de la Nación con Córdoba y las demás jurisdicciones con Cajas no transferidas, al suprimir de manera unilateral e inconstitucional, las partidas del presupuesto 2023, dos veces prorrogado para el año 2024 y 2025. Con ello se pretendió legalizar la afrenta flagrante de llevar los giros obligatorios de la Nación a la Provincia para cubrir el déficit previsional de la Caja a cero pesos”, cuestionó el gobernador.
