Cada vez son más los hechos delictivos perpetrados por motochoros y el Gobierno de Córdoba decidió hacer una inversión en motocicletas para combatir este tipo de robos. Así lo confirmó el gobernador Martín Llaryora que presentó 600 motos para los oficiales, las cuales recorrerán calles y avenidas de la capital y el interior.
“Esto es para enfrentar el delito que tiene que ver con motochoros. Es muy difícil perseguirlos en móviles y ni hablar caminando. Tenemos que dotar de infraestructura para darle combate al delito como venimos haciendo”, sostuvo en El Show del Lagarto.
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El gobernador destacó que la inversión fue de 10 mil millones de pesos y se suma a las armas de baja letalidad, a las letales y a la incorporación de tecnología. “Hay que darle un combate al crimen y para eso se necesita infraestructura”, remarcó y destacó que con las 600 unidades “se multiplica la capacidad operativa”.
Cambio de paradigmas y penas más duras
A una semana de haber presentado el nuevo plan de seguridad que contempla un comisario y un fiscal por distrito para combatir la inseguridad en Córdoba, Llaryora dijo que cambiaron el paradigma. En ese sentido, sostuvo que la construcción de la cárcel de máxima seguridad les permitirá diferenciar los presos comunes de los que cometen delitos federales y así poder “bajar la peligrosidad”.
A su vez, insistió en la importancia del nuevo plan de seguridad y expresó: “Lo que hemos decidido de que un fiscal con un comisario se haga cargo de un distrito permitirá que los vecinos y las instituciones sepan con quién hablar”. “De esa manera vamos a poder ir trabajando en los elementos que necesiten y esto va a estar medido”, añadió y destacó que podrán trabajar en las modalidades delictivas que afectan a cada sector de la ciudad.
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Retomando la decisión de combatir los delitos de los motochoros con policías en moto, Llaryora afirmó que planteó ante el Gobierno nacional “poner penas más graves para los que utilizan motos”. “Se ha elevado mucho la agresividad, no puede ser un delito común”, subrayó.
Por último, el gobernador insistió en que también se deben proteger a los policías. “Tenemos que retomar la autoridad, por eso pido que se amplíen las penas. Si un policía hace al inverso lo procesarían y no se puede tratar de una manera a los civiles y de otra a los policías”, dijo. Y, pese a que comentó que el oficial es un funcionario público, añadió que “a los policías hay que cuidarlos porque sino pierden autoridad y si pierden autoridad no podemos pedirles que combatan el delito”.
“Tiene que haber penas más duras para respetar la autoridad y para que los policías cuenten con el respaldo social”, concluyó.
