El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, oficializó mediante decreto la prohibición de incluir tasas municipales en las facturas de servicios, una medida que busca transparentar los costos y evitar confusiones.
En primer lugar, los decretos 450 y 452, publicados en el Boletín Oficial, establecen que las facturas deberán discriminar claramente los conceptos, sin incluir tributos locales ni cargos ajenos a los servicios facturados.
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Esta decisión se tomó a pocos días del vencimiento del plazo de delegación de facultades otorgadas por el Congreso.
Por otro lado, esta medida representa un nuevo intento del Gobierno por eliminar los impuestos municipales de las facturas, una iniciativa que ya había sido planteada sin éxito por el ministro de Economía, Luis Caputo.
La administración de Milei busca así desregular el sector energético y evitar ser percibida como responsable de aumentos desmedidos.
Además, pugna porque se separen los cargos para evitar quedar como responsable de aumentos, que en muchos casos son desmedidos, y desglosar qué monto es por el servicio de electricidad y gas y cual es por impuestos municipales.
Así las cosas, la prohibición plantea un conflicto con los municipios, que ven en riesgo su financiamiento al no poder asegurar el cobro de tasas a través de las facturas de servicios.
La Justicia deberá determinar si el Gobierno nacional tiene la potestad de regular este aspecto de las finanzas locales.
