Inundaciones, incendios y sequías son algunos de los eventos climáticos que enfrenta Argentina. Y lo que sucede en la mayoría de los casos es que la ayuda del gobierno nacional llega después del desastre y muchas veces es insuficiente.
Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y otras 13 organizaciones sociales impulsan un proyecto de ley para mejorar la respuesta a estos eventos con la modificación de la distribución de fondos que ya existen pero que muchas veces no se ejecutan. Se trata de los Aportes del Tesoro Nacional, más conocidos como los ATN, creados por la Ley de Coparticipación Federal (Ley n° 23.548).
Para los argentinos quizás el recuerdo más reciente de un desastre climático sea el de las graves inundaciones en Bahía Blanca que dejaron 18 muertos y pérdidas materiales millonarias. Según un informe del Banco Mundial, desde 1980 los eventos de lluvia extrema se han triplicado en el país y representan el 54% de los desastres naturales.
¿Cómo se componen los ATN y cómo se distribuyen?
Según la Ley de Coparticipación, los fondos ATN son el 1% de la gran masa coparticipable entre las provincias. Es decir, se componen del 1% de la recaudación de todos los impuestos nacionales, salvo algunas excepciones como las retenciones. Entre los grandes impuestos que sí son coparticipables se encuentran el IVA y ganancias.
La misma ley establece que estos fondos “se destinarán a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales”, lo que sucede es que muchas veces quedan sin ejecutar. Este año y tras el drama en Bahía Blanca, el gobierno nacional envió una ayuda de $10 mil millones que salieron de esa caja.
Pero según un relevamiento de FARN, en 2024 se recaudaron cerca de $680 mil millones en ATN y se usaron menos de $50 mil millones. Es decir que el 93% quedó sin ejecutar. No hay una normativa clara en el uso de estos fondos y están sujetos a la discrecionalidad del poder ejecutivo, explicó a El Doce Matías Cena Trebuq, economista del área de investigación de FARN. “Históricamente se han usado para pagar favores políticos”, agregó.
La propuesta de las organizaciones busca disminuir esta discrecionalidad, aumentar la transparencia en la distribución de los fondos y darles un fin específico con perspectiva ambiental. El proyecto plantea destinar el 40% de los ATN a obras de infraestructura preventiva en las provincias. Y el 60% a la creación de un fondo fiduciario que pueda usarse para enfrentar desastres climáticos. Este tipo de fondo permite que se pueda “girar en descubierto”, manifestó Cena Trebuq. Al financiarse con impuestos que se van a seguir cobrando, se podrían adelantar montos en caso de emergencia y luego compensarlos. Además este sistema permite invertir en activos para no perder frente a la inflación, aseguró.
+ MIRÁ MÁS: Schiaretti contra el Gobierno tras la sesión en Diputados: “Una política sincera, sin extremos”
El proyecto de ley también establece que si pasan tres meses y esos fondos no se han ejecutado para catástrofes, el monto se puede transferir a las provincias para libre disponibilidad. “De esta forma las provincias terminarían accediendo a más fondos que en la actualidad”, manifestó el economista.
Ante una emergencia, el Gabinete Nacional de Cambio Climático y el tribunal de cuentas de la provincia afectada deberán presentar un informe con los daños y gastos estimados para enfrentarlos, explicaron desde FARN. Y el uso de los fondos sería controlado por la Auditoría General de la Nación.
El tema de los ATN ya está en la agenda política y desde las organizaciones ambientales buscan incluir la perspectiva ambiental. Este miércoles en la sesión maratónica de diputados se avanzó en el proyecto de los ATN que habían presentado los gobernadores. La norma ya tiene media sanción del senado y establece que la distribución de los fondos sea diaria y automática y no discrecional como ocurre en la actualidad. Ayer se acordó que se discutirá el próximo miércoles en comisión y podría votarse en el recinto el miércoles 20 de agosto.
Desde FARN aseguraron que este proyecto no compromete las metas fiscales del gobierno y señalaron la importancia de avanzar con el mismo para estar preparados frente a los desastres. Así lo expresó Andrés Nápoli, director ejecutivo de la fundación: “Debemos siempre tener presente que los impactos que produce la crisis climática son cada vez más recurrentes y graves y golpean principalmente a la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad”.
