Un fallo clave en la disputa judicial por YPF le dio aire a la Argentina. Este viernes, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió que el país podrá continuar con la apelación sin tener que entregar acciones de la petrolera ni presentar otros activos como garantía.
La decisión deja sin efecto, de manera temporal, la orden que la jueza Loretta Preska había emitido el 30 de junio pasado. Se trata de una resolución muy esperada en las últimas horas, ya que el tribunal tenía varias opciones sobre la mesa y optó por la que más beneficia a la defensa argentina.
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Además, aceptó que el Gobierno de Estados Unidos participe como amicus curiae en la causa, lo que refuerza la posición del país en esta etapa del proceso.
“Las acciones del gobierno en la petrolera podrán permanecer en la Caja de Valores mientras la Corte resuelve la apelación”, explicó en X el analista Sebastián Maril, de Latam Advisors, en declaraciones a Infobae. Y agregó: “Ahora, el país puede apelar la entrega de las acciones sin necesidad de preocuparse por entregar ningún activo como garantía”.
En este sentido, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, confirmó en redes que “el tribunal de apelaciones en el caso YPF ha decidido aceptar la solicitud de Argentina, por lo que la orden del 30 de junio de 2025 queda suspendida mientras se resuelven las apelaciones y que el Gobierno de Estados Unidos presente sus documentos como ‘amigo de la corte’”.
Según Maril, la decisión marca un freno a la posibilidad de que las acciones de YPF sean utilizadas como forma de pago en esta instancia: “Están diciendo que pedir las acciones de YPF como forma de pago en esta etapa es ir muy lejos. Más sabiendo que no se pueden transferir de Buenos Aires a Nueva York sin la aprobación del Congreso y que este tema será tratado por la misma corte en unos meses”.
Con esta medida, la Argentina gana tiempo para preparar su estrategia legal mientras espera que el tribunal se pronuncie sobre el fondo de la cuestión, en un litigio que lleva más de una década y que tiene como eje la expropiación de la petrolera en 2012.
