En una entrevista con Telenoche, la diputada del PRO Silvana Giudici apuntó directamente contra el empresario farmacéutico García Furfaro y cuestionó la falta de indagatorias en la causa judicial. Aseguró que el escándalo supera al de la efedrina y advirtió sobre conexiones con el narcotráfico a través de la triple frontera.
La investigación por las muertes vinculadas al consumo de fentanilo contaminado sigue sin avances significativos en la Justicia, a pesar de la gravedad del caso y del impacto sanitario que generó.
La diputada nacional por el PRO, Silvina Giudici, denunció en las últimas horas una “preocupante pasividad judicial” y señaló al empresario farmacéutico García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, como figura central de un entramado más complejo que involucra complicidades políticas, posibles maniobras de encubrimiento y vínculos con el narcotráfico.
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“Hay sospechas fundadas de una coincidencia con la ruta del narcotráfico porque se le encontró a García Furfaro un laboratorio montado clandestinamente en Ciudad del Este, y también una trama muy oscura de lavado de dinero y de evasión fiscal”, subrayó.
Y aclaró: “Hay un mecanismo durante el gobierno de Alberto Fernández de la utilización de las restricciones de importación y exportación que evidentemente Furfaro las eludió a todas”.
“Lo vemos con preocupación porque hasta la fecha todavía no hay ningún pedido de indagatoria”, expresó. “Uno ve al dueño de este laboratorio hablar por los canales de televisión con una impunidad que asusta, y se pregunta si realmente esta causa va a tener resultados”, agregó, al tiempo que criticó que ni siquiera fueron citadas a declarar las 24 personas con bienes inhibidos en el marco de la investigación.
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La diputada también se refirió al rol del juez federal Ernesto Kreplak, quien lleva adelante la causa, y advirtió sobre un posible conflicto de intereses: “Es el hermano del ministro de Salud bonaerense. Por eso, desde el principio sostuvimos que podría haberse abstenido, ya que una de las partes investigadas es justamente la autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires”.
Giudici aseguró que Furfaro no actuó solo y que su actividad contó con el respaldo de ciertos sectores. “Esto no se hace sin la complicidad de funcionarios que debían haber controlado y no lo hicieron, tanto de la ANMAT como de las jurisdicciones que compraron el fentanilo a un precio irrisorio en comparación con el resto del mercado”, denunció. Según afirmó, el empresario “estuvo protegido durante años” y él mismo lo habría reconocido públicamente.
Nuevamente su declaración hizo foco en la sospecha de una conexión directa con el narcotráfico. Giudici mencionó que Furfaro tenía montado un laboratorio clandestino en Ciudad del Este, Paraguay, lo que lo vincularía con una supuesta red de tráfico de sustancias que opera desde la triple frontera. “No me extraña que este caso sea aún más escandaloso que el de la efedrina, porque los personajes son los mismos y la ruta también”, subrayó.
Finalmente, la diputada informó que esta semana podrían conocerse los primeros resultados de las pericias realizadas por el Instituto Malbrán, que serán clave para determinar cómo se produjo la contaminación del fentanilo y cómo llegó a manos de las víctimas. “Este no es un hecho aislado, sino parte de una trama oscura que combina descontrol estatal, negocios ilegales y vidas perdidas”, concluyó.