La Justicia provincial dio un paso clave en la megacausa por las habilitaciones falsas de Bomberos: el fiscal Guillermo González, pidió la elevación a juicio contra más de una docena de imputados. La resolución, de 366 páginas, detalla los delitos que se les atribuyen, entre ellos asociación ilícita, falsedad ideológica, cohecho, encubrimiento y uso de documentos públicos falsos.
De acuerdo con la acusación, la maniobra consistía en la expedición de certificados apócrifos de inspección final de Bomberos, que permitían habilitar locales comerciales y grandes superficies sin cumplir con las normas básicas de seguridad. La operatoria habría comenzado en 2008 y se extendió hasta 2023, con una oficina paralela dentro del cuartel central que funcionaba como “kiosco” para la emisión de documentación trucha, detalló el fiscal en la resolución.
En la investigación se apunta como jefe de la estructura en sus primeras etapas a Gustavo Jorge Folli Pedetta, entonces director de Bomberos, y luego a Sergio Enrique Sosa, quien lo sucedió en el cargo. En la última etapa, el liderazgo habría quedado en manos de Julio Zárate, exbombero retirado, que continuó con la red de contactos y gestiones.
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La causa también compromete a ingenieros especialistas en higiene y seguridad, gestores privados y funcionarios municipales. El circuito se completaba en la Dirección de Habilitación de Negocios, donde los inspectores municipales aceptaban los certificados falsos para dar luz verde a los trámites. Según la pesquisa, todo se hacía a cambio de importantes sumas de dinero, lo que permitió que locales funcionaran en grave riesgo para la seguridad pública.
Entre los 16 imputados se encuentran, además de Folli, Sosa y Zárate, Roque Olmedo, Mario García, Félix Calama, Marcos Lúquez, Leandro Rodríguez y Mónica Barrionuevo. También están acusados Eduardo Rivadero, José Gorocito, Natalia y Darío Brasca, Carlos Goldaracena, Marcos Gennaro y Miguel Ángel Amil.
El escándalo salió a la luz en septiembre de 2023, cuando se produjeron las primeras detenciones. En ese momento, la Municipalidad de Córdoba se presentó como querellante para tener acceso al expediente, aunque el propio fiscal advirtió que eso no significaba excluir de responsabilidad a empleados o funcionarios municipales.
La investigación reveló que algunos comerciantes pagaban entre 200 mil y 500 mil pesos para obtener los certificados que en teoría garantizaban seguridad edilicia.
Con el pedido de elevación a juicio, los acusados quedaron más cerca de enfrentar el proceso oral. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abiertas otras líneas de investigación, que podrían derivar en nuevas imputaciones vinculadas con carnets de conducir falsos y habilitaciones truchas en espectáculos públicos.