La investigación judicial por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dio un giro en las últimas horas con la renuncia de los abogados de Diego Spagnuolo, extitular del área. Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze presentaron su dimisión, argumentando motivos personales, justo en un momento en que la causa dio nuevos pasos.
El jueves, el consultor Fernando Cerimedo, exasesor de comunicación de La Libertad Avanza, se presentó ante la fiscalía y declaró como testigo. Según trascendió, relató que Spagnuolo le había hablado en diversas ocasiones sobre un presunto esquema de corrupción en la agencia. Aunque negó haber sido él quien grabó los audios que originaron la investigación, sostuvo que el exfuncionario hacía referencias a posibles pagos de sobornos.
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Tras esa declaración, este viernes la justicia profundizó las medidas de prueba. El fiscal Franco Picardi ordenó tres procedimientos en simultáneo: uno en un country de Pilar, donde reside Spagnuolo; otro en un country de Berazategui; y un tercero en una sucursal del Banco Francés de Almagro, donde se localizó una caja de seguridad perteneciente al exfuncionario. Allí encontraron 80 mil dólares.
Nuevos allanamientos
Además, el Ministerio Público Fiscal solicitó registros de ingresos y egresos en los barrios donde viven Emmanuel y Jonathan Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, una de las principales proveedoras de medicamentos de la ANDIS y que ahora está bajo la lupa de los investigadores.
La hipótesis que guía la investigación es la existencia de una presunta ruta de sobornos que habría involucrado a funcionarios del Gobierno nacional y a la droguería, en el marco de contrataciones millonarias de medicamentos. El hallazgo de dinero en efectivo refuerza las sospechas sobre posibles retornos y pagos ilegales.
Mientras tanto, la renuncia de la defensa de Spagnuolo abre un nuevo interrogante en la causa. Con el exfuncionario en el centro de las sospechas y con la investigación en plena expansión, la fiscalía busca consolidar pruebas que permitan determinar el alcance de la presunta red de corrupción en el organismo.