En un nuevo capítulo del escándalo que sacude al oficialismo libertario, la Justicia allanó este jueves la casa del economista y diputado José Luis Espert en Beccar, en el marco de la causa por presunto lavado de dinero vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico y con pedido de extradición a Estados Unidos.
El operativo fue ordenado por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, tras el aval otorgado en la Cámara de Diputados para realizar medidas de prueba en el domicilio y oficinas del legislador. La diligencia estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina, y según pudo verse en TN, Espert se encontraba en su casa y permitió el ingreso de los efectivos acompañado por sus abogados.
El allanamiento se extendió por más de cinco horas. Recién cerca de las 16:40, tanto los funcionarios judiciales como las fuerzas de seguridad abandonaron el lugar.
La investigación busca determinar el origen de un pago de US$200.000 que el legislador habría recibido en 2020 de parte de Machado, actualmente detenido. El caso se inició tras una denuncia presentada por Juan Grabois, que pidió investigar si esos fondos provenían de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes en Texas, y si constituyen una maniobra de lavado de activos, delito previsto en el artículo 303 inciso 1 del Código Penal.
Horas antes del allanamiento, los abogados defensores de Espert solicitaron que la causa sea remitida a los tribunales federales de Comodoro Py, bajo el argumento de que allí ya se tramita una investigación con elementos similares, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi.
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Alejandro Freeland, abogado de Espert, aseguró a La Nación que los agentes “se llevaron todo: computadoras, celular y papeles”. Además indicó que su defendido entregó las contraseñas para que puedan abrir los dispositivos.
Cabe recordar que el libertario pidió licencia de su banca en la Cámara Baja, en medio de la escalada judicial y política. En declaraciones previas, el economista insistió en su inocencia y aseguró que el dinero recibido correspondía a un contrato de asesoramiento interrumpido por la pandemia, desvinculándose de cualquier conexión con el narcotráfico.
La investigación sigue a cargo del fiscal federal de San Isidro, Federico Domínguez, quien analiza la trazabilidad de los fondos y no descarta nuevas medidas en los próximos días.