El gobernador Martín Llaryora dispuso una reducción del 30% en el número de agencias del Estado provincial, como parte del proceso de reorganización administrativa que impulsa el Gobierno de Córdoba. La medida, formalizada mediante decreto, busca optimizar la gestión, fortalecer la transparencia y adaptar la estructura estatal a los nuevos marcos normativos, explicaron a través de un comunicado.
Según se informó, las actuales agencias de Cultura, Deportes, Turismo e Inversión serán disueltas y pasarán a funcionar como entes autárquicos, manteniendo sus nombres y funciones específicas. El cambio se enmarca en la Ley N° 11.015, que autoriza al Poder Ejecutivo a transformar sociedades del Estado y de economía mixta conforme a la legislación vigente.
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Con la medida, se estableció que la Agencia Córdoba Deportes, la Agencia Córdoba Cultura, la Agencia Córdoba Turismo y la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF) adoptarán una nueva figura legal y administrativa. Esta transformación, según explicaron desde el Ejecutivo, permitirá mayor autonomía financiera y administrativa, sin perder su vinculación con el Poder Ejecutivo.
Además, el decreto dispone la creación de un ente autárquico denominado “ProCórdoba”, que estará bajo la órbita del Ministerio de Economía y Gestión Pública. Este nuevo organismo integrará las competencias, recursos y capacidades de la Agencia ProCórdoba, la Agencia Córdoba Innovar y Emprender y la Agencia para la Competitividad de Córdoba, con el fin de unificar estrategias de promoción de inversiones, innovación y exportaciones.
Continuidad y reubicación del personal
En el comunicado afirmaron que el Gobierno garantizó la reubicación del personal y la reasignación de bienes y recursos de las agencias disueltas a los nuevos entes autárquicos. Los ministerios de Gobierno y Economía y Gestión Pública estarán a cargo del proceso de disolución y constitución, con la intervención de la Fiscalía de Estado, indicaron.
La reforma institucional sigue la línea de las medidas anunciadas por Llaryora en febrero, durante la apertura de sesiones de la Legislatura, y ratificadas en abril con la disolución de la Agencia de Conectividad Córdoba. Desde el Ejecutivo destacaron que esta nueva etapa busca potenciar la eficiencia del Estado y consolidar un modelo de gestión “más ágil y sostenible”.
