El Gobierno nacional dispuso este martes la desregulación de los aranceles de los colegios privados, habilitando a cada institución a establecer sus propias cuotas y matrículas sin necesidad de autorización estatal.
La medida se oficializó mediante el Decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial, y busca —según el Ejecutivo— “adaptar el sistema educativo a las condiciones económicas actuales”.
La decisión, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, deroga una normativa de 1993 que limitaba la fijación de precios en los establecimientos privados.
“El principio de libre contratación debe ser resguardado”, señala el texto, y agrega que las instituciones educativas tendrán ahora “el derecho a definir sus políticas de precios y compensaciones en el marco de una competencia leal y en función de las demandas del mercado”.
+ MIRÁ MÁS: Llaryora destacó la reunión con Santilli: “Veo con buenos ojos que se abra una etapa de diálogo”
El decreto argumenta que la regulación vigente “presentaba limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos a las realidades educativas y económicas del país”. Además, señala que el contexto actual difiere del de los años 90, ya que desde 1994 la educación pasó a estar bajo jurisdicción provincial.
Según el Gobierno, el control estatal sobre las cuotas generaba efectos contraproducentes, afectando la viabilidad económica de los colegios: “La intervención del Estado, aunque busca garantizar la calidad educativa, terminó dificultando el funcionamiento y sostenibilidad de los establecimientos.”
El texto también advierte que el sistema anterior podía “precarizar la calidad educativa”, al impedir que las instituciones ajustaran sus valores frente al aumento de los costos, salarios e insumos.
Con esta medida, el Ejecutivo busca consolidar un esquema de libre mercado en la educación privada, en el que cada institución podrá fijar los aranceles según su estructura de costos y la demanda, sin intervención previa del Estado.