La Cámara Federal porteña confirmó este martes el procesamiento de Alberto Fernández en la denominada Causa Seguros, el expediente que investiga el presunto armado de un esquema de contrataciones direccionadas dentro del Estado durante su gestión.
El exmandatario está acusado de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco de una operatoria que, según la Justicia, habría beneficiado a productores de seguros vinculados a su entorno.
De acuerdo a la resolución firmada por los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico, la hipótesis acusatoria sostiene que existió un direccionamiento delictivo en favor de un grupo de intermediarios. Ese mecanismo habría tenido como pieza central la intervención de la entonces secretaria presidencial, María Cantero, quien actuaba como nexo con funcionarios de Nación Seguros y con los brokers del sector público.
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Los jueces remarcaron que la concentración de pólizas estatales en Nación Seguros, dispuesta a partir de un decreto firmado por el propio Fernández, generó “un exponencial aumento de negocios” que, según señalaron, fue aprovechado por la estructura privada liderada por el productor Héctor Martínez Sosa. Tanto él como su esposa, María Cantero, quedaron procesados, además de embargados y con prohibición de salida del país.
En el fallo, los camaristas subrayaron que existen elementos que muestran que Fernández intervino personalmente para garantizar la continuidad de esas operaciones: “Quedó reflejado en los intercambios relevados y en las consecuencias prácticas que ese involucramiento tuvo”.
La Cámara también insistió en que las maniobras investigadas habrían contado con la participación directa del expresidente, “haciendo uso del cargo que ostentaba”.
