El Gobierno nacional enviará al Congreso una profunda reforma del Código Penal con eje en el endurecimiento de penas y la ampliación de figuras agravadas. El proyecto incluye cambios en homicidios, delitos cometidos con armas, conducción imprudente, reincidencia, cumplimiento efectivo de las condenas e imprescriptibilidad de crímenes graves. También incorpora una presunción ampliada de legítima defensa y un nuevo esquema de notificación obligatoria a víctimas.
La iniciativa propone elevar la pena máxima del homicidio simple de 25 a 30 años, y sumar agravantes como el magnicidio, los homicidios contra autoridades educativas en ejercicio y los crímenes cometidos contra menores de 16 años o adultos mayores.
+ VIDEO: El abogado penalista Pedro Despouy explicó estos endurecimientos en Telenoche
En el capítulo de delitos viales, las lesiones por conducción imprudente pasarán de un máximo actual de 2 años a un rango de 2 a 6 años en su forma simple, y de 3 a 6 años cuando sean agravadas.
Otro punto clave es el endurecimiento del régimen para armas de fuego: quien porte un arma sin autorización enfrentará una condena taxativa, sin posibilidad de alternativas. Además, el proyecto exige que toda pena aplicada tenga cumplimiento efectivo, y en el caso de la prisión perpetua, plantea que no tenga límite temporal.
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Imprescriptibilidad y corrupción
La reforma establece que los delitos graves y gravísimos serán imprescriptibles, entre ellos homicidios graves, abuso sexual, sustracción de menores, trata de personas, terrorismo y tráfico o contrabando de estupefacientes. En materia de corrupción, los funcionarios condenados perderán el acceso a jubilaciones de privilegio.
El Código Penal reformado tendría aplicación federal en todas las provincias. Además, se establece que la víctima será la primera persona notificada cuando un condenado acceda a salidas transitorias o cumpla su pena.
El debate: ¿más penas es más seguridad?
El abogado penalista Pedro Despouy, en diálogo con Telenoche, sostuvo que el proyecto interpela a una demanda social, pero advirtió sobre los límites del endurecimiento punitivo.
“A la sociedad le cae bien este tipo de política criminal por el llamado populismo punitivo. Lo que ocurre es que no necesariamente el aumento de penas significa más seguridad”, afirmó.
Para graficarlo, explicó: “Una persona que decide matar a otra no va a buscar 10 minutos antes el código penal para ver cuánta pena tiene. Hay condenas a prisión perpetua, como el femicidio, y el femicida tampoco toma el código penal antes de matar. Va y mata”.
Despouy consideró acertado darle más valor jurídico a la vida y a la integridad física mediante el aumento de escalas penales, aunque insistió en que esto no resolverá por sí solo la delincuencia.
“A la solución no la encontramos en el Código Penal. Vamos a seguir con lo mismo de siempre: la discusión sobre la edad de imputabilidad. Si bajar la edad a 13 años no va acompañada de políticas eficaces de prevención, tampoco sirve”, señaló.
También alertó por las consecuencias estructurales del proyecto: “Si se aumentan penas mínimas que hoy permiten la libertad condicional, deberían ir más personas a la cárcel. Y ya está superpoblada, estaría colapsada. Lo mismo con los menores: no hay establecimientos adecuados”.
Finalmente, remarcó que la prevención sigue siendo clave: “Con los menores, la tarea es la contención: escuela, familia, salud mental, consumos problemáticos. La respuesta punitiva no modifica nada si no se tiene en cuenta todo esto”.
La reforma, que llegará al Congreso, promete abrir un debate profundo en materia de seguridad, castigo y prevención del delito en la Argentina.
