Un polémico proyecto ingresó esta semana a la Legislatura de Córdoba: el bloque peronista propuso la creación de la Procuración Penitenciaria Provincial, un organismo dependiente del Poder Judicial cuya función será supervisar e inspeccionar todos los lugares de detención de la provincia.
La iniciativa ya pasó por comisión y encendió críticas de la oposición, especialmente por el costo y la estructura de cargos que plantea.
Según el texto del proyecto, exhibido por Roberto Battaglino en Arriba Córdoba, la nueva Procuración estará encabezada por un procurador con cargo vitalicio, salario equiparado al de un vocal del Tribunal Superior de Justicia y un régimen jubilatorio especial.
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Además contará con cuatro procuradores adjuntos, más secretarios y personal administrativo. Pese a su estructura, el organismo tendrá carácter consultivo, sin facultades resolutivas ni legitimación procesal activa.
Entre sus funciones principales se incluyen inspecciones a cárceles y comisarías, la posibilidad de elaborar recomendaciones y requerimientos formales, y la facultad de pedir medidas urgentes cuando existan vulneraciones de derechos. La normativa también garantiza la inviolabilidad de las comunicaciones entre el organismo y las personas privadas de libertad, prohibiendo controles o interferencias por parte de cualquier autoridad.
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Desde el oficialismo justifican la creación del ente asegurando que busca adecuar la provincia a normativas nacionales y tratados internacionales que requieren la existencia de mecanismos locales de prevención de torturas, especialmente cuando se aloja a presos federales en cárceles provinciales.
Los miembros de la Procuración serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura. Sin embargo, uno de los puntos que más controversia generó es el costo que implicará su puesta en marcha: según reveló Battaglino, cada uno de los cinco cargos principales percibiría entre 10 y 15 millones de pesos mensuales.
El proyecto será debatido en el recinto este jueves, en una sesión que promete reavivar tensiones políticas y económicas en torno al sistema penitenciario, el control institucional y el financiamiento de nuevas estructuras estatales.
