El juicio por los cuadernos de la corrupción sigue avanzando. Este jueves, en la audiencia, la querella representada por la Unidad de Información Financiera (UIF) presentó nuevas acusaciones en el tramo de la investigación relacionado con la cartelización de la obra pública.
Según la UIF, 175 pagos ilegales fueron realizados a Cristina Kirchner entre 2008 y 2010, por un monto que supera los 171 millones de pesos y más de 600.000 dólares. Estos pagos fueron entregados por empresas que tenían contratos con el Estado.
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La querella sostiene que existió un acuerdo corrupto entre funcionarios públicos y empresarios, quienes se beneficiaron mutuamente a lo largo de varios años. Los funcionarios aprovecharon sus cargos para extorsionar a empresas a cambio de adjudicarles contratos de obra pública, mientras que los empresarios pagaban comisiones ilegales para obtener esos contratos.
Según la acusación, el esquema de sobornos fue facilitado por resoluciones firmadas por Nelson Periotti, ex administrador de la Dirección Nacional de Vialidad. Estos acuerdos implicaban pagos anticipados a las empresas, que variaban entre el 10% y el 20% del valor de la obra. Cuando no se realizaban estos pagos, se compensaba con otros montos a través de certificados de obra.
El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, es señalado como uno de los principales responsables de coordinar este sistema corrupto, con la colaboración de José López y Carlos Wagener. La UIF también mencionó al financista K, Ernesto Clarens, quien tuvo un papel clave en la recolección de los pagos ilegales.
La acusación también hace hincapié en que las coimas no solo beneficiaban a la ex Presidenta, sino también a su entorno cercano. Los pagos ilegales fueron canalizados a través de Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, lo que demuestra la participación de la familia Kirchner en el entramado de corrupción.
En cuanto a las empresas involucradas, uno de los principales pagadores fue la firma JCR S.A., que realizó 40 sobornos por un total de más de 85 millones de pesos. A cambio, JCR se benefició con 44 contratos de obra pública adjudicados por la Dirección Nacional de Vialidad. Además, la empresa tuvo un vínculo comercial con los Kirchner a través del alquiler del Complejo Hotelero Los Sauces, un negocio que les generó millones de dólares en ingresos.
Conglomerado en la mira
Mientras tanto, la firma CPC S.A., del Grupo Indalo de Cristóbal López, también aparece en el radar de la investigación. Entre 2011 y 2012, CPC pagó cinco sobornos por 14 millones de pesos a Cristina Kirchner. Durante ese tiempo, el Grupo Indalo también le proporcionaba ingresos a la ex Presidenta a través del alquiler de propiedades, lo que fortaleció aún más su relación financiera con los Kirchner.
Este juicio no solo esclarece un sistema de corrupción en la obra pública, sino que también revela la red de favores y pagos ilegales que beneficiaron a empresarios y políticos durante años. La trama sigue desenredándose en cada nueva audiencia, mientras se espera que las pruebas presentadas por la UIF sirvan para llevar a los responsables ante la justicia.