En una intensa jornada que se extendió hasta la madrugada de este jueves, la Legislatura de Córdoba aprobó la controvertida ley que declara la emergencia del sistema previsional provincial por cinco años, con posibilidad de prórroga automática.
La medida, impulsada por el oficialismo, responde a una iniciativa popular que recogió más de 38.800 firmas de jubilados, y tiene como principal objetivo garantizar la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, que atraviesa una grave crisis financiera agravada por la falta de transferencias nacionales.
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Entre las principales modificaciones que se introducen, se destaca la restitución parcial del 82% móvil para los jubilados que perciben los haberes más bajos. De acuerdo con la ley, se implementará un adicional mensual no remunerativo para compensar la deducción de aportes personales en el cálculo del haber, de manera que se alcance el 82% de la remuneración en alrededor de 60 mil jubilados, con haberes que rondan los $1.300.000.
Sin embargo, la medida no implica una restitución plena y universal del 82% móvil histórico, sino que se focaliza en los jubilados con menores ingresos, dejando afuera a una gran parte de los pasivos de mayores haberes.
Desde el gobierno de Martín Llaryora explicaron que la ley busca equilibrar las finanzas de la Caja provincial y proteger a los sectores más vulnerables.
En este sentido, la ley también habilita al Ejecutivo provincial a aumentar las alícuotas de los aportes personales de los trabajadores activos en hasta un 8%, siguiendo escalas progresivas que afectarán principalmente a los sectores con mayores salarios, como los empleados judiciales, bancarios, de EPEC y municipales.
Otro aspecto relevante de la norma es la suspensión temporal del Fondo Solidario para Desequilibrios durante la vigencia de la emergencia. Este fondo, que tradicionalmente se ha utilizado para financiar las brechas de la Caja de Jubilaciones, no estará disponible durante los próximos años, lo que genera un fuerte debate sobre las alternativas de financiamiento para el sistema previsional.
Debate caliente en el recinto
En la Unicameral, los legisladores de Hacemos Unidos por Córdoba defendieron la medida como una “necesaria respuesta a la crisis del sistema previsional”, destacando su enfoque redistributivo y su intento de preservar los derechos de los jubilados más necesitados.
Por su parte, la oposición se mostró en desacuerdo con la ley y la calificó de “perversa”. Advirtieron que la medida perjudica a los trabajadores estatales, especialmente a médicos, enfermeros y docentes, y criticó la decisión de elevar los aportes personales.
El proyecto también ha provocado una fuerte resistencia en los gremios estatales, que agrupan a más de 15 sindicatos, y que ya han convocado a nuevas protestas. Con un déficit proyectado de más de $800.000 millones para el próximo año, los sindicatos rechazan la suba de los aportes y exigen un plan alternativo que no recaiga sobre los trabajadores.