El juez federal Martín Cormick ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de manera inmediata con la actualización de los fondos destinados a salarios docentes y becas estudiantiles previstos en la ley 27.795. La decisión se tomó al admitir una medida cautelar y dejar sin efecto, de forma provisoria, el decreto 759/2025 que había suspendido su aplicación.
El fallo se dictó en el marco de una acción de amparo colectivo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades contra el Estado Nacional. En la demanda se cuestionó la constitucionalidad del decreto presidencial que frenó la ejecución de la ley pese a la insistencia del Congreso, tras el veto del presidente Javier Milei.
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Al analizar el caso, Cormick sostuvo que, en esta etapa inicial, el decreto presenta rasgos de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta. Señaló que la ley fue sancionada luego de cumplirse el procedimiento constitucional de insistencia legislativa y que esa circunstancia obliga a su aplicación efectiva.
El magistrado también consideró acreditado el peligro en la demora, al advertir que la pérdida del poder adquisitivo de docentes y becarios continúa y afecta derechos laborales protegidos por la Constitución y tratados internacionales. Además, indicó que el impacto fiscal de la norma es acotado y que la falta de actualización podría afectar el derecho a enseñar y aprender.
Por esos motivos, el juez declaró inaplicable el decreto 759/2025 en lo referido a la suspensión de la ley y ordenó al Estado Nacional cumplir de inmediato con los artículos que regulan la actualización de partidas. La medida cautelar regirá hasta que se dicte la sentencia definitiva y fue concedida bajo caución juratoria.
