La Municipalidad de Córdoba resolvió anular el contrato con el Grupo FAM, la empresa que dejó de prestar de manera intempestiva los corredores 2, 5 y 7, además de las líneas 600 y 601, situación que obligó al municipio a implementar un plan de emergencia para garantizar el transporte urbano.
La decisión fue confirmada por el Gobierno municipal luego de los hechos ocurridos el domingo, cuando la empresa denunció un sabotaje con el robo de las llaves de toda su flota, lo que impidió la circulación de los colectivos.
Desde el municipio señalaron que FAM no presentó formalmente un plan para recuperar el servicio, pese a que se le había solicitado una propuesta tras la interrupción del transporte.
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Ante ese escenario, las autoridades ya habían advertido que no autorizarían el regreso de los colectivos de la empresa hasta que se completaran los peritajes correspondientes y existieran garantías de seguridad. Finalmente, la Municipalidad decidió revocar el contrato de prestación con la firma.
Para evitar que miles de vecinos quedaran sin movilidad, el municipio coordinó un esquema de emergencia con el resto de las empresas del sistema. En este plan participan:
- Tamse, que cubre el corredor 2 y las líneas 600 y 601
- SíBus, que asumió el corredor 5
- Coniferal, que se hizo cargo del corredor 7
Durante la implementación del esquema, trabajadores de FAM colaboraron brindando información a los pasajeros dentro de las unidades para orientar sobre los recorridos disponibles.
Cabe recordar que el intendente Daniel Passerini dispuso además que, mientras se mantenga el plan de contingencia, los usuarios de los corredores afectados no deberán pagar el boleto. El costo del servicio será absorbido por la Municipalidad hasta que se normalice el sistema.
Denuncia penal
En paralelo, el municipio presentó una denuncia penal ante la Justicia para que se investiguen los hechos que provocaron la interrupción del servicio.
Desde el Palacio 6 de Julio señalaron que la situación dejó sin transporte a miles de vecinos, entre ellos estudiantes, trabajadores y adultos mayores, por lo que buscan determinar responsabilidades en lo ocurrido.
