La Justicia, como la mayoría de las actividades humanas, se rige por rituales.
Algunos resultan curiosos. Como el de hacer la ceremonia de “inicio del año judicial” cuando está terminando el tercer mes del año.
Está claro que eso no implica que los Tribunales comiencen a funcionar a finales de marzo, más allá de la poca actividad en la más que ritual feria de enero.
Pero la curiosidad de hacer la ceremonia de inicio cuando ya pasó casi un trimestre se acentúa si se tiene en cuenta la fuerte demanda social sobre los lentos tiempos judiciales.
Ese calendario diferente fue una de las primeras alusiones que hizo el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Domingo Sesín, en el acto de apertura de actividades, este miércoles 25 en el Salón de Pasos Perdidos de Tribunales.
Para Sesín, las demoras están relacionadas con las garantías constitucionales de un proceso y el derecho a defensa.
Y defendió el accionar judicial planteando una dicotomía entre los tiempos “de los periodistas y los jueces”.
En realidad, importa poco y nada los tiempos periodísticos, lo que cuenta es la demanda social para que haya respuestas judiciales en unos plazos relativamente adecuados.
Sesín siguió la lógica de sus antecesores en este ritual de marzo y transitó tres sendas: la autocelebración respecto al accionar judicial; la declamación de la independencia de poderes con abiertos elogios al Ejecutivo provincial; el reclamo de más dinero para salarios y poder manejar ellos mismos el presupuesto.
Según el presidente del Tribunal Superior, la opinión negativa de la Justicia que reflejan relevamientos de opinión son fruto de no conocer “la realidad completa sino sólo fragmentos que responden a intereses sectoriales”.
Y fue muy enfático en los elogios al gobernador Martín Llaryora y a sus antecesores Juan Schiaretti y José Manuel de la Sota por “respetar el orden de mérito del Consejo de la Magistratura” al momento de designar jueces y fiscales.
+ El repaso del discurso en Arriba Córdoba:
De acuerdo a Sesín, esa es una de las pruebas de independencia judicial en Córdoba.
Esa percepción no sólo no es unánime en la sociedad sino que es discutida hasta en los propios ámbitos tribunalicios, en especial por la manera en que el Poder Judicial aborda las causas que involucran al poder.
Antes de su discurso, Sesín concedió una entrevista a Cadena 3 en la que repitió los conceptos que había formulado hace exactamente 10 años a La Voz cuando también presidía el Tribunal Superior.
Dijo que en Córdoba hay más transparencia por los sistemas de control del Tribunal de Cuentas, que muchas denuncias son por intereses político partidarios y que no tiene objeciones hacia el funcionamiento del Fuero Anticorrupción.
Parece desconocer el miembro de la cabeza del Poder Judicial que es cada vez más el gasto provincial que saltea la instancia del Tribunal de Cuentas y que los cuestionamientos a Anticorrupción han surgido del propio seno del Tribunal Superior.
¿Y Odebrecht?
En materia de denuncias por corrupción es cada vez más comentado en los pasillos de Tribunales la nebulosa en la que está una de las acusaciones más complejas que se le hicieron a las gestiones del peronismo cordobés: la causa Odebrecht.
En toda la región se juzgó y condenó hechos de corrupción del consorcio brasileño, que en Córdoba participó de la construcción de gasoductos troncales en la gestión de Schiaretti, obra que fue mencionada por los financistas arrepentidos como objeto de coimas.
Son un par de causas que llevan años de un largo derrotero. Una de ellas genera atención porque está en una especie de limbo con algunos pedidos de cierre pero ni se archiva definitivamente ni se reabre.
Actualmente está en manos del juez de control Juan Manuel Fernández López, que tuvo en los últimos meses designaciones importantes de allegados en los nuevos cargos judiciales que se crearon a fin de año.
En su momento, uno de los denunciantes del caso, Aurelio García Elorrio, había denunciado que se pidió desde el propio Tribunal Superior una coima millonaria para archivar definitivamente el expediente. Desde ese cuerpo dijeron que no habían intervenido aún en el tema, que sigue siendo una brasa ardiente.
Los otros dos denunciantes, Liliana Montero y Juan Pablo Quinteros, integran el gabinete de Llaryora y desde que fueron nombrados desistieron de los planteos judiciales.
La designación del referí
Pero la Justicia cordobesa tiene otra gran prueba de fuego en unos días para demostrar independencia: la designación del nuevo juez electoral.
Se concretó el alejamiento de la jueza electoral Marta Vidal, que fue la encargada de todos los procesos electorales desde que el peronismo asumió el poder en la provincia.
Con vistas a ese escenario electoral tan incierto que asoma para 2027, no es menor conocer el nombre, los antecedentes y relaciones del referí que deberá arbitrar en semejante contienda.