Un fuerte escándalo sacude a la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba tras la imputación de dos de sus jueces y dos secretarios por presuntas irregularidades en el manejo de causas de alto impacto.
Los camaristas acusados son Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres, mientras que también quedó imputado el secretario penal Mario Roque Olmedo. A ellos se suma el secretario de superintendencia Gustavo Eduardo Flores, señalado por falso testimonio.
La denuncia fue impulsada por los fiscales federales Pablo Nicolás y Maximiliano Hairabedian, quienes los acusan de manipular la integración del tribunal para intervenir en expedientes de relevancia económica, entre ellos la megacausa por evasión vinculada al caso Bunge.
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Según la acusación, estas maniobras habrían buscado favorecer a imputados en causas sensibles, especialmente relacionadas con el sector agroindustrial.
El expediente también incluye una grave denuncia por maltrato laboral y violencia de género contra la secretaria Celina Laje Anaya, quien fue la denunciante y actualmente se encuentra de licencia.
De acuerdo a la investigación, el conflicto se desató cuando la funcionaria se negó a firmar una certificación que consideró ilegal, vinculada a la conformación de las salas.
El abogado de la denunciante, Claudio Orosz, explicó en Telenoche cómo funciona la Cámara y el contexto en el que se habrían producido las irregularidades. “La Cámara en este momento está desintegrada, le faltan dos jueces naturales, por lo tanto solo hay cuatro. Está dividida en dos salas y el tercer voto lo emite el juez que esté de turno ese mes”, detalló.
+ VIDEO: los detalles del caso:
En ese marco, sostuvo que hubo maniobras deliberadas para intervenir en determinadas causas. “Lo que describe la acusación es cómo hay maniobras de los dos jueces junto con el secretario para lograr que la integración en causas de mucha trascendencia económica estuviera integrada por ellos”, afirmó.
El origen de la denuncia
Sobre la situación de Laje Anaya, fue contundente: “Se negó terminantemente porque no era lo que correspondía. Desde ese momento empezó a ser perseguida sistemáticamente con humillaciones, con violencia verbal, violencia psicológica”.
Y agregó que esa situación derivó en consecuencias personales graves: “La llevó a un detrimento muy grande tanto en su salud física como psíquica”.
Los imputados enfrentan acusaciones por presunto abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción, en una causa que ahora avanza en la Justicia federal.
Por su parte, el abogado defensor Carlos Nayi rechazó las acusaciones y aseguró en diálogo con La Voz que sus representados “son ajenos a cualquier conducta de relevancia penal”. En esa línea, sostuvo que “el desarrollo serio y objetivo de la investigación demostrará de manera acabada que los hechos denunciados no existieron”.
