El Gobierno nacional oficializó este martes la ampliación del Programa de Acompañamiento Social por 48 meses y redefinió sus condiciones de funcionamiento, manteniendo el pago mensual de $78.000 para los beneficiarios.
La medida fue publicada a través de la Resolución 90/2026 del Ministerio de Capital Humano, donde también se establecieron nuevos lineamientos sobre quiénes pueden acceder, cómo se mantiene el beneficio y en qué casos puede darse de baja.
El programa está orientado a personas en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de promover la inclusión y mejorar las condiciones de vida de los hogares. En esta nueva etapa, estará dirigido exclusivamente a quienes ya eran titulares y continúan cumpliendo los requisitos.
Dentro de ese universo, se incluyen hombres y mujeres mayores de 50 años en situación vulnerable, mujeres con cuatro o más hijos menores de edad y personas provenientes de unidades de gestión vinculadas a situaciones especiales.
El monto de la prestación se mantiene en $78.000 mensuales y es de carácter no remunerativo. Sin embargo, su cobro está condicionado al cumplimiento de determinadas obligaciones. Entre ellas, se exige garantizar la asistencia escolar de los menores, cumplir con el calendario de vacunación, acreditar controles de salud en casos de embarazo y participar en instancias de formación.
Además, el programa permite compatibilizar el beneficio con otras ayudas sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y programas alimentarios o habitacionales. También puede combinarse con trabajos de baja escala, siempre que los ingresos no superen el salario mínimo.
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Por otro lado, la normativa establece criterios de exclusión. No podrán acceder quienes tengan más de un inmueble, vehículos con menos de diez años de antigüedad o registren niveles de consumo incompatibles con la asistencia. También quedan afuera quienes perciban jubilaciones, pensiones o compren dólares para ahorro.
El nuevo esquema también fija causales de egreso, como el incumplimiento de las condiciones, la falsedad de datos o la participación en hechos de violencia o alteraciones del orden público.
Como parte de su enfoque, el programa incorpora acciones de fortalecimiento familiar, capacitación digital y acompañamiento a personas próximas a jubilarse, con el objetivo de fomentar la autonomía y la integración social.