El contratista Matías Tabar presentó documentación ante la Justicia para respaldar que recibió 245 mil dólares por las obras de remodelación realizadas en una vivienda del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Según publicó TN, el fiscal Gerardo Pollicita confirmó que los comprobantes aportados coinciden con el monto que Tabar había declarado haber cobrado por los trabajos en la casa ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, .
El viernes, el contratista se presentó de manera espontánea en Comodoro Py y entregó documentación vinculada a compras a proveedores y pagos de mano de obra. De acuerdo con la fiscalía, los recibos y facturas coinciden con la cifra informada en su primera declaración.
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Tabar sostuvo ante Pollicita que el monto total de la obra fue de 245 mil dólares y que los trabajos fueron abonados en efectivo y sin factura. También detalló el cronograma de tareas y la modalidad de pago. Según su testimonio, las refacciones se extendieron durante casi 10 meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025, en una propiedad ubicada sobre un lote de 400 metros cuadrados. Las tareas habrían incluido trabajos en pisos, baño y cocina, construcción de mobiliario para el quincho y reparación de la pileta.
El contratista, socio del estudio Alta Arquitectura, afirmó que Adorni canceló la totalidad del monto en dos etapas: una primera entrega de 55 mil dólares durante 2024 y otros 190 mil dólares a lo largo de 2025.Otro dato incorporado a la causa es que, mientras duraron las obras, Adorni habría alquilado otra vivienda dentro del mismo country. Según Tabar, ese gasto adicional fue de 13 mil dólares.
El contratista también entregó su teléfono celular a la Justicia y brindó detalles sobre las personas que participaron en la remodelación, entre ellas albañiles, plomeros y electricistas.
La información aportada busca permitir la reconstrucción de la dinámica de la obra y verificar la consistencia de los pagos declarados.La causa investiga el origen de los fondos utilizados por el jefe de Gabinete para la compra y puesta en valor de sus propiedades. La Justicia intenta determinar si los gastos detectados guardan relación con los ingresos declarados por el funcionario en los últimos años.
