La causa por las habilitaciones falsas de Bomberos en Córdoba tuvo sus primeras condenas. El fiscal Guillermo González confirmó en Distrito Federal que tres imputados reconocieron los hechos en juicios abreviados y recibieron penas de prisión de ejecución condicional por lo que ninguno irá a la cárcel.
La investigación apunta a una asociación ilícita que habría funcionado como una “oficina paralela” dentro del cuerpo de Bomberos, dedicada a emitir certificados apócrifos para habilitar locales comerciales. Entre los principales acusados está Gustavo Folli, exdirector de Bomberos y exsubjefe de la Policía de Córdoba.
“Aparte de Folli, detuvimos a un montón de gente que estaba en la función pública, tanto en Policía como Municipalidad”, señaló González al referirse al avance de la causa.
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El fiscal explicó que la acusación central apunta a una estructura organizada para facilitar habilitaciones falsas. “Atribuimos haber organizado una asociación ilícita, una oficina paralela en el cuerpo de Bomberos, habilitaciones truchas de lugares comerciales”, sostuvo.
Según la investigación, los certificados falsos permitían que comercios obtuvieran luz verde para funcionar sin cumplir con las normas básicas de seguridad. La maniobra habría comenzado en 2008 y se habría extendido hasta 2023.
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González remarcó que la causa contra el resto de los imputados fue elevada a juicio, aunque todavía no quedó firme. “Enviamos a juicio hace tiempo y está en vías recursivas”, indicó.
En paralelo, algunos acusados avanzaron por la vía del juicio abreviado. “Tres participantes fueron condenados, confesaron los hechos”, confirmó el fiscal.
Primeros condenados
Las condenas alcanzan a Marcos Fernando Lúquez, declarado coautor de asociación ilícita en carácter de miembro y autor de falsedad ideológica reiterada. Recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo.
También fue condenado Eduardo Arturo Rivadero, como coautor del delito de asociación ilícita en carácter de miembro. En su caso, la pena fue de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por el doble del tiempo.
El tercer condenado es Leandro Gastón Rodríguez, considerado coautor de asociación ilícita en carácter de miembro y autor de los delitos de uso de documento público falso y falsedad ideológica. Recibió una pena de dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo.
Cómo actuaban
El fiscal aclaró que dentro de la causa se detectaron distintas modalidades. No todos los comerciantes habrían pagado coimas: en algunos casos, sostuvo, también hubo “pequeños comerciantes que fueron extorsionados”.
La investigación, que salió a la luz en septiembre de 2023 con las primeras detenciones, involucra a integrantes de Bomberos, funcionarios municipales, gestores privados e ingenieros especialistas en higiene y seguridad. Según la acusación, el circuito se completaba en la Dirección de Habilitación de Negocios, donde se aceptaban certificados falsos para avanzar con trámites comerciales.
Entre los imputados que siguen esperando la resolución de su situación rumbo al juicio están Folli, Sergio Sosa, Julio Zárate y otros acusados mencionados en el expediente. La Fiscalía mantiene como eje que la estructura permitió habilitar locales en condiciones de riesgo para la seguridad pública.