El Gobierno de Córdoba impulsará una ley antibúnker y antiaguantaderos para intervenir y recuperar inmuebles utilizados para actividades delictivas.
El proyecto fue firmado por el gobernador Martín Llaryora y apunta a dotar al Estado provincial de una herramienta legal específica para actuar sobre propiedades vinculadas al delito o que, por su estado de abandono, representen un riesgo para la seguridad pública y la convivencia ciudadana.
La iniciativa establece un régimen administrativo y judicial para intervenir de manera rápida, coordinada y proporcional sobre bienes que funcionen como “búnkeres de venta de drogas, aguantaderos o guaridas del delito”.
También incluye inmuebles abandonados, desocupados o en estado de deterioro que faciliten la comisión de ilícitos o generen situaciones de peligro para los vecinos.
El proyecto prevé un procedimiento de intervención temprana con actas de constatación, informes técnicos, resoluciones fundadas y medidas preventivas.
Acciones y fondos
Entre las posibles medidas se contemplan el cerramiento, tapeado, clausura provisoria, bloqueo de accesos, custodia o aseguramiento de los inmuebles, siempre respetando el debido proceso y las competencias judiciales.
En los casos de mayor complejidad, especialmente cuando estén vinculados al narcotráfico, la Justicia podrá ordenar medidas de mayor alcance.
Entre ellas figuran desalojos, demolición de construcciones utilizadas para la comercialización de drogas o la restitución de inmuebles a sus legítimos propietarios.
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La propuesta también busca fortalecer el combate al narcotráfico mediante un esquema específico para que los bienes decomisados y los recursos provenientes de esas causas sean reinvertidos en la lucha contra ese delito.
De acuerdo al proyecto, el 60 por ciento de los fondos obtenidos será destinado al fortalecimiento operativo, tecnológico, logístico y de equipamiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
El 40 por ciento restante financiará programas y políticas públicas impulsadas por el Ministerio de Justicia y Trabajo para la prevención y el abordaje del narcotráfico.
La iniciativa además crea la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y el Registro Provincial de Bienes Intervenidos.
Estos organismos permitirán coordinar acciones entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, el Ministerio de Justicia y Trabajo, la Policía de Córdoba y los municipios y comunas.
