El Senado reanudó este jueves el debate de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una de las iniciativas que el oficialismo busca aprobar con media sanción en medio de fuertes negociaciones por los votos.
La discusión arrancó sin el capítulo que modificaba la Ley de Tierras y habilitaba cambios en la venta de tierras rurales a capitales extranjeros, un punto que había generado resistencias y que finalmente fue retirado del texto.
El proyecto contempla reformas al Código Civil y Comercial, con cambios vinculados a desalojos, la ley de manejo del fuego y expropiaciones. Afuera del Congreso, organizaciones sociales, gremios y grupos ambientalistas marcharon en rechazo a la iniciativa.
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En el comienzo del debate, el peronismo intentó que el texto volviera a comisión a partir de un pedido del presidente del bloque PJ, José Mayans. La moción fracasó en la votación y también quedó descartado el intento de levantar la sesión.
Tras ese revés para la oposición, La Libertad Avanza consiguió avanzar con el tratamiento en el recinto. La previa estuvo marcada por movimientos y negociaciones entre bloques para reunir los apoyos necesarios.
En ese contexto, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, firmó un decreto para autorizar la participación virtual de Anabel Fernández Sagasti, del bloque Justicialista de Mendoza, y de Flavio Fama, de la UCR de Catamarca. Sin embargo esto pasó para su análisis en comisión y ambos senadores quedaron inhabilitados para votar este jueves.
Esta situación se produjo por la aprobación de una moción de preferencia de Patricia Bullrich (LLA) para enviar a la comisión de Asuntos Institucionales todos los proyectos vinculados a la regulación del voto no presencial.
Fernández Sagasti cursa la semana 32 de embarazo y no podía trasladarse a Capital Federal por indicación médica, mientras que Fama se recupera de una operación de rodilla. Por este motivo los dos pedían formar parte de la sesión pero de manera remota.
Cabe recordar que la vicepresidenta Villarruel no preside la sesión de este jueves, teniendo en cuenta que está a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Javier Milei a Ecuador y Colombia.
Incidentes en la calle
La marcha en rechazo a la iniciativa del Gobierno desencadenó en incidentes frente al Congreso. Hubo corridas, piedrazos y botellazos mientras la Policía avanzaba para dispersar a los manifestantes.
Personal policial lanzó gases lacrimógenos y avanzó con carros hidrantes en medio de los proyectiles que volaban sobre los uniformados. Se confirmaron al menos tres detenidos.
+ VIDEO: los enfrentamientos en la calle:
Las claves del proyecto
La ley de inviolabilidad de la propiedad privada propone cambios en varios temas sensibles: expropiaciones, desalojos, regularización de viviendas, registros inmobiliarios y manejo del fuego. En general, busca darles más protección a los propietarios y limitar la intervención del Estado sobre bienes privados.
Uno de los puntos centrales tiene que ver con las expropiaciones. El proyecto establece que el Estado deberá justificar con más precisión por qué necesita quedarse con un bien privado y para qué lo va a usar. Además, la indemnización deberá calcularse según el valor de mercado de la propiedad y tendrá que pagarse completa antes de que el inmueble pase a manos del Estado.
La iniciativa también busca evitar que una propiedad pierda valor por anuncios oficiales previos a una expropiación. Por eso, plantea que la tasación se haga tomando como referencia el precio que tenía el bien antes de cualquier medida o comunicación pública vinculada al proceso. También obliga a los jueces a explicar con fundamentos si deciden apartarse de las valuaciones del Tribunal de Tasaciones.
Otro capítulo importante apunta a acelerar los desalojos. El texto permite que un juez ordene la entrega rápida de un inmueble cuando haya elementos que respalden el reclamo del propietario, especialmente en casos de intrusos u ocupantes precarios. También incluye desalojos anticipados por falta de pago o por vencimiento del contrato, aunque prevé una intervención especial cuando haya menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación vulnerable.
Además, el proyecto endurece las condiciones para acceder a la regularización dominal, ya que eleva a diez años el tiempo de posesión pacífica y continua de una vivienda o inmueble rural. En materia ambiental, modifica la Ley de Manejo del Fuego y elimina algunas restricciones vigentes. Por último, propone modernizar los registros de la propiedad con trámites digitales, una red federal de información y una ventanilla única para consultas inmobiliarias.
