La detención de un empleado municipal sacudió este miércoles a la Municipalidad de Córdoba. Se trata de Félix César Escobar Rivarola, un inspector de 49 años del área de Habilitaciones de Negocios que es investigado por presuntas extorsiones a comerciantes.
Tras conocerse el avance judicial, el Gobierno de Daniel Passerini emitió un comunicado y remarcó que el municipio está a disposición de las fiscalías intervinientes. Además, señaló que en varios casos vinculados a posibles delitos cometidos por empleados municipales la propia Municipalidad se presentó como denunciante.
El comunicado
“La Municipalidad de Córdoba informa, en relación con los avances de la Justicia vinculados a la posible comisión de delitos por parte de empleados municipales —como ocurre en la denominada causa Bomberos y sus ramificaciones, que viene informando la Justicia—, que no solo se encuentra a disposición de las Fiscalías intervinientes, sino que además, en varios de estos casos, es denunciante”, expresaron desde el municipio.
En el mismo texto, la gestión de Passerini vinculó la respuesta institucional con las medidas de control que se llevan adelante en la ciudad. “Las medidas de orden público que se vienen llevando adelante en la ciudad tienen su correlato en el ámbito municipal”, indicaron.
“La impunidad y el ‘vale todo’ deben formar parte de un pasado que los cordobeses no queremos ni toleramos”, cerró el comunicado oficial.
La investigación
En Arriba Córdoba, el ayudante fiscal de Delitos Económicos, Pablo Bazán, señaló que la pesquisa se desarrolla desde hace varios años bajo la dirección del fiscal González. “Se hizo un allanamiento acá en la ciudad donde se concretó la detención de un inspector de la Municipalidad que anteriormente prestaba servicio en la Dirección de Habilitaciones”, detalló Bazán.
El ayudante fiscal precisó que el delito atribuido por el fiscal es extorsión. La medida se tomó a partir de evidencias sobre el presunto accionar del inspector en perjuicio de dos comerciantes.
“Habría exigido sumas de dinero para que la habilitación regular que estaban tramitando estos comerciantes pudiera concluirse sin que se dispusiera alguna clausura arbitraria por el inspector”, explicó.
De acuerdo con la investigación, Escobar Rivarola habría usado su cargo dentro del municipio para presionar a los dueños de dos negocios. La sospecha es que reclamaba pagos bajo amenaza de trabar expedientes o disponer clausuras de manera arbitraria.
