En medio de la investigación por grooming y abuso sexual en Villa María de Río Seco, que ya tiene 16 acusados y alcanzó a varios asesores vinculados al legislador Ernesto Ramón “Cañito” Flores, las autoridades resolvieron endurecer los controles para la contratación de asesores y personal no permanente.
La medida fue establecida a través del decreto 206, firmado por la vicegobernadora Myrian Prunotto, y apunta a reforzar la responsabilidad en los nombramientos que realizan los parlamentarios.
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La norma crea un “régimen complementario” de ingreso y control periódico para quienes sean contratados como asistentes o personal no permanente dentro de la Unicameral.
A partir de ahora, quienes aspiren a ocupar esos cargos deberán presentar antecedentes provinciales y nacionales, certificado de deudores alimentarios y una declaración jurada. Sin esa documentación, la contratación no podrá formalizarse. Además, todos esos certificados deberán renovarse cada seis meses.
El nuevo esquema también obliga a los contratados a comprometerse a informar cualquier situación judicial que pueda resultar relevante para el ejercicio de su función.
La decisión se produce mientras avanza la causa que investiga casos de grooming y abuso sexual y que tiene entre los detenidos a José Aníbal Ricardo Villarreal, exasesor vinculado a Flores.
En las últimas horas, su situación judicial se agravó después de que se incorporaran más hechos investigados. Villarreal quedó acusado por grooming y abuso sexual con acceso carnal reiterado.
