Desde el Gobierno de Córdoba salieron al cruce del Gobierno de Javier Milei por los cambios vinculados a discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027. La secretaria de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, se expresó en duros términos en X, calificó la iniciativa como un “acto de crueldad” y apuntó contra el ministro de Salud, Mario Lugones.
“El Gobierno de Milei, otra vez, avanza sobre los derechos de las personas con discapacidad”, expresó la funcionaria provincial. Cuestionó que se pretenda derogar artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad mientras el tema se encuentra bajo tratamiento en comisiones del Congreso y advirtió especialmente por los cambios sobre el esquema de aranceles.
Montero advirtió por el impacto que tendrían esas modificaciones: “Un nuevo atropello y un nuevo acto de crueldad sobre las personas que más necesitan, todo en nombre del ‘equilibrio fiscal’”.
El fuerte reproche a Lugones
La funcionaria también cuestionó al ministro Lugones por no haber planteado el tema durante una reunión realizada el lunes con responsables sanitarios y de discapacidad de las provincias.
“Una falta de respeto que el Ministro Lugones, a sabiendas de lo que se estaba presentando en el Congreso, no haya puesto el tema sobre la mesa el día lunes, cuando tuvo sentados a todos los ministros de salud del país y a las respectivas áreas de discapacidad. NOS TOMAN EL PELO”, reprochó con mayúsculas.
Y agregó: “Un tema de esta gravedad no puede ocultarse ni tratarse a espaldas de las provincias”.
Montero aseguró que Córdoba continuará acompañando a las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones junto al gobernador Martín Llaryora, y reclamó que Nación asuma sus responsabilidades. “Nos cansa tanta hipocresía y tanta crueldad”, cerró.
Más críticas
En la misma línea se pronunció la diputada de Provincias Unidas Carolina Basualdo, quien también rechazó las modificaciones incorporadas al proyecto presupuestario.
“CON LA DISCAPACIDAD NO”, encabezó su mensaje. Basualdo sostuvo que los cambios implicarían “menos protección y mayor incertidumbre sobre sus pensiones y cobertura de prestaciones”.
La legisladora además planteó reparos institucionales y recordó que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene jerarquía constitucional. “El Estado argentino tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos que allí se reconocen”, afirmó.
