El camarista federal de Córdoba Abel Sánchez Torres fue procesado por abuso de autoridad y lesiones graves calificadas por mediar violencia de género en perjuicio de la secretaria judicial Celina Laje Anaya.
La decisión fue adoptada por el juez federal N° 2 Alejandro Sánchez Freytes, quien además ordenó un embargo de 70 millones de pesos sobre los bienes del camarista. El procesamiento fue dispuesto sin prisión preventiva.
Sánchez Torres continúa en su cargo mientras avanza la investigación. La resolución también será comunicada al Consejo de la Magistratura de la Nación, organismo que deberá adoptar las medidas que considere correspondientes dentro de sus atribuciones.
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El expediente analizó distintas situaciones vinculadas con la actuación de Sánchez Torres y de la camarista Graciela Montesi, principalmente alrededor de las causas conocidas como “Humanes” y “Padilla”, ambas relacionadas con investigaciones por evasión tributaria vinculadas con la cerealera Bunge.
Uno de los hechos centrales ocurrió en diciembre de 2023. Según la acusación, Sánchez Torres dispuso que la Sala B de la Cámara Federal fuera integrada por Montesi en la causa “Humanes”, pese a que esa conformación contradecía el mecanismo establecido para las subrogancias del tribunal.
En ese contexto, Laje Anaya, entonces secretaria penal de la Cámara, se negó a confeccionar el certificado que debía dejar constancia de esa integración porque consideraba que no correspondía. Pese a esa advertencia, Sánchez Torres dispuso la conformación mediante un decreto y le otorgó al expediente “preferente despacho”.
Evidencia suficientes contra el camarista
Para el juez Sánchez Freytes, los elementos reunidos alcanzaron en esta etapa para sostener que el camarista habría incurrido en abuso de autoridad. La resolución destacó especialmente que había recibido una advertencia sobre la forma en que se estaba integrando la Sala y, aun así, avanzó con la decisión.
La situación procesal de Montesi fue diferente. El juez resolvió sobreseerla parcialmente por el episodio de “Humanes” al considerar que no se probó que hubiera participado de la decisión: el expediente no llegó a su vocalía y tampoco habría sido notificada de que había sido integrada a la causa.
En el expediente “Padilla”, en cambio, Sánchez Freytes dictó falta de mérito tanto para Montesi como para Sánchez Torres. En ese caso se investigaba si ambos habían actuado coordinadamente para modificar la integración de la Sala A y evitar la intervención de la camarista Liliana Navarro.
El juez entendió que las pruebas reunidas hasta el momento no resultaban suficientes para procesarlos por ese hecho, pero tampoco permitían cerrar definitivamente la investigación. Entre otros puntos, valoró que existían dudas y prácticas internas vinculadas con la aplicación del régimen de subrogancias.
La denuncia de la secretaria judicial
El otro eje que complicó la situación de Sánchez Torres está relacionado con los maltratos y el hostigamiento laboral que habría sufrido Laje Anaya después de negarse a realizar la certificación en la causa “Humanes”.
La resolución describe una sucesión de episodios que habrían incluido descalificaciones, desvalorización de sus funciones, menoscabo de su autoridad frente a otros empleados y una sobrecarga de tareas. La investigación ubicó el inicio de ese proceso después del episodio de diciembre de 2023.
El fallo también tuvo en cuenta las consecuencias que esa situación habría provocado en la salud de la funcionaria, respaldadas dentro del expediente por testimonios, certificados, historias clínicas y juntas médicas.
A partir de esos elementos, Sánchez Freytes procesó al camarista por lesiones graves calificadas por mediar violencia de género, delito que quedó en concurso real con el abuso de autoridad atribuido por la causa “Humanes”.
Dentro de la secuencia analizada también aparece la permuta del cargo de Laje Anaya durante 2025. La funcionaria ocupaba una Secretaría de Cámara y se le planteó pasar a una secretaría de primera instancia, lo que implicaba un descenso dentro de su carrera judicial, incluyendo la reducción del sueldo.
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Según la resolución, Laje Anaya manifestó que necesitaba tiempo para pensar la propuesta y que se encontraba abrumada. Finalmente, la Cámara aprobó la permuta por mayoría con los votos de Sánchez Torres y Montesi, mientras que Liliana Navarro votó en disidencia.
Para el juez que dictó el procesamiento, las circunstancias alrededor de esa decisión se incorporaron al conjunto de elementos considerados dentro del supuesto proceso de hostigamiento contra la secretaria judicial.
Sin prisión y con un embargo millonario
Cabe recordar que la fiscalía había pedido el arresto domiciliario de Sánchez Torres, pero Sánchez Freytes rechazó esa medida al considerar que no se advertían riesgos procesales que justificaran una restricción de esa magnitud. El fallo también recordó la inmunidad de arresto que mantiene el magistrado.
En paralelo, el juez dispuso un embargo de 70 millones de pesos sobre sus bienes o, en su defecto, la inhibición para disponer de ellos por el mismo monto.
La resolución ordenó además enviar una copia al Consejo de la Magistratura de la Nación, que ya había sido informado sobre la existencia de la investigación. Mientras se define qué medidas adopta ese organismo y continúa el trámite judicial, Sánchez Torres permanece en funciones.
