Gustavo Folli Pedetta, exjefe de Bomberos, exsubjefe de la Policía de Córdoba y exdirector de Defensa Civil de la ciudad, acordó una pena de 6 años y 2 meses de prisión efectiva en la causa que investiga habilitaciones falsas para comercios.
El acuerdo fue alcanzado ante el fiscal de Cámara Marcelo Hidalgo y contempla además 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y de seguridad. Para que la pena quede firme, deberá ser homologada por la Cámara Tercera del Crimen.
En total, nueve de los diez acusados que llegaron a esta instancia aceptaron juicios abreviados y reconocieron su responsabilidad. “Llegamos a esta fecha en la que de las 10 personas que se encuentran sometidas a proceso, 9 han aceptado y han suscripto acuerdos de juicios abreviados”, explicó Hidalgo en Telenoche.
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Entre quienes también aceptaron una pena se encuentra Sergio Sosa, exjefe de Bomberos, para quien se acordaron 6 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Roque Olmedo, empleado de Cyre SA, acordó una pena de tres años de prisión condicional y siete años de inhabilitación como dueño de comercio.
Mario García y Félix Calama, ambos gestores; José Gorocito, exchofer de un subjefe de Policía; Mónica Barrionuevo, expolicía; Marcos Gennaro, empresario de boliches; y Miguel Amil, dueño de un centro deportivo, también aceptaron penas de cumplimiento condicional.
Gennaro y Amil habían realizado ofrecimientos económicos, pero ambos fueron rechazados.
El único acusado que no aceptó el juicio abreviado fue Julio Zárate. El policía rechazó una propuesta de seis años y medio de prisión y deberá afrontar el juicio oral.
Buscan bienes vinculados con los delitos
Hidalgo señaló que durante la investigación se ofrecieron 150 testigos y se reunieron distintas pruebas y evidencias. “Hemos pedido colaboración a los protocolos del Mercosur, vinculados con la posible persecución de bienes en el extranjero que pueden ser objeto de corrupción”, indicó.
El fiscal también explicó que los bienes vinculados con las maniobras investigadas quedaron incluidos en los acuerdos: “Los bienes que son producto o provecho de los hechos delictivos o que han servido para cometer los hechos delictivos están sujetos a decomiso. Eso forma parte del acuerdo”.
La causa investiga una estructura que, según la acusación, habría funcionado como una “oficina paralela” dentro del cuerpo de Bomberos para emitir certificados falsos destinados a habilitar locales comerciales.
En junio ya se habían conocido las primeras condenas del expediente, cuando tres imputados reconocieron los hechos en juicios abreviados y recibieron penas de prisión de ejecución condicional.