El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó una reforma que establece nuevos requisitos para ingresar y continuar trabajando en la Municipalidad. La modificación de la ordenanza 7244 incorpora controles de antecedentes judiciales y nuevas obligaciones para empleados de planta permanente, no permanente y contratados, además de funcionarios de planta política.
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La votación fue casi unánime y tuvo como único voto negativo el de la concejala de izquierda Cintia Frencia. La iniciativa, impulsada por el intendente Daniel Passerini, puso también en foco la ausencia de controles que existió en el ingreso del femicida Claudio Barrelier como becario municipal.
La reforma no alcanza a monotributistas, becarios ni servidores urbanos porque esas modalidades no están incluidas dentro del Estatuto del Personal.
Qué certificados deberán presentar
Uno de los principales cambios será la obligación de presentar todos los años certificados de antecedentes. Para ingresar a la administración municipal se exigirán:
- Certificado de antecedentes penales y contravencionales de la Policía provincial.
- Certificado del Registro Nacional de Reincidencia.
- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
- Certificado del registro de condenados por delitos contra la integridad sexual.
También se incorporará la exigencia de estudios que acrediten resultados negativos para metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales. Durante la relación laboral podrán realizarse controles aleatorios o focalizados en áreas operativas consideradas sensibles.
Qué deberán informar los empleados
La reforma establece además que los trabajadores tendrán que comunicar si son imputados penalmente, incluso cuando se trate de hechos ajenos a sus funciones dentro del municipio.
También deberán informar órdenes de captura, detenciones u otras medidas judiciales que modifiquen su situación procesal. La omisión injustificada de esos datos podrá derivar en sanciones administrativas.
La normativa suma restricciones para ingresar a la Municipalidad cuando exista una imputación formal por delitos dolosos contra la administración pública o hechos que comprometan concretamente la integridad institucional.
De todos modos, una imputación no significará automáticamente una suspensión, un sumario o una sanción. Las eventuales medidas preventivas deberán estar fundamentadas y responder a riesgos concretos.
El Ejecutivo municipal tendrá 30 días administrativos para reglamentar los cambios. La reforma comenzará a regir una vez que sea publicada en el Boletín Municipal.
