A diez días de haber sido promulgada por Alberto Fernández, este domingo entró en vigor la ley Nº 27.610, que garantiza como un derecho de las mujeres y personas gestantes la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Además de despenalizarse, la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) está garantizada y es gratuita en el sistema de salud público, donde se atiende un tercio de la población. Y tras su incorporación al programa médico obligatorio, el tratamiento también está cubierto por las mutuas médicas privadas y el sistema de obra sociales.
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En ese marco, el Gobierno nacional recordó que "los servicios públicos de salud, las obras sociales nacionales y provinciales, las entidades y empresas de medicina prepaga" deben incorporar "la cobertura integral y gratuita de esta práctica".
Por otro lado, a través de las redes sociales, también resaltó que la norma se encuentra vigente en todo el territorio nacional y "no requiere de adhesiones provinciales ni reglamentación para su vigencia".
Según informó el Ejecutivo, la nueva ley garantiza "el derecho a decidir y acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional y a partir de la semana 15 "si el embarazo fuera resultado de una violación".
