Desde la declaración del coronavirus como pandemia comenzaron a crecer los reclamos en las prisiones debido a la situación sanitaria de los reclusos. En los últimos días, un violento motín en la cárcel de Devoto, en Buenos Aires, desató aún más la preocupación.
En consonancia, el presidente Alberto Fernández apoyó la idea de que los presos comunes que sean considerados población de riesgo de contagio puedan obtener el beneficio de la prisión domiciliaria y así intentar evitar que contraigan COVID-19.
Se trata de la primera vez que el mandatario se refiere al tema, empujado por la creciente tensión en penales de todo el país. “Son un lugar de concentración humana muy riesgosa. El contagio y la contaminación pueden darse con muchísima facilidad", admitió Fernández.
El motín en la cárcel de Devoto se frenó tras la firma de un acuerdo con los presos.
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Además, para su propuesta, sugirió utilizar dispositivos electrónicos como pulseras o tobilleras para controlar a aquellos que salgan de prisión. Resaltando que el beneficio sólo sería para detenidos que formen parte de los grupos de riesgo para el coronavirus, que no tengan condena efectiva o que estén próximos a cumplir su condena: es decir, podrían salir de la cárcel antes de tiempo debido a la pandemia.
El presidente negó expresamente que esto signifique “buscar impunidad”. En cambio, ratificó que la única intención de su sugerencia es evitar contagios masivos, según informó Clarín.
Para justificar su propuesta, Fernández citó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recomendó “desde detención domiciliaria hasta libertades restringidas”, para tener en cuenta la cuestión sanitaria. Dicho argumento se asocia al pedido que se hizo a la Justicia para que el exfuncionario cordobés Ricardo Jaime reciba la domiciliaria, aunque se lo negaron.
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“Hay gente que está detenida, que no tiene condena aún, y están exponiéndose peligrosamente", agregó y destacó que Sebastián Piñera, presidente de Chile, ya indultó y liberó a 1.300 presos.
