Después del revés judicial para Cristina Kirchner, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, ampliaron la imputación en la causa por irregularidades de obra pública.
Los fiscales presentaron ante el juez Julián Ercolini nuevas medidas de pruebas. Analizaron otros 15 contratos relacionados a obras viales y transacciones comerciales que hubo entre el matrimonio Kirchner y su socio, Lázaro Báez.
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También listaron 13 operaciones comerciales con las empresas del detenido por lavado de dinero. Entre ellas se encuentra la constitución de un fideicomiso, una permuta y varias compra-venta de terrenos.
Se trata de la misma acusación que realizaron en agosto tras asegurar que durante los 12 años de su gobierno “existió una decisión desde la cúpula del Poder Ejecutivo de enriquecer con fondos públicos al empresario Lázaro Báez”.