Este jueves se aprobó la normativa que exige a funcionarios públicos de la Ciudad de Córdoba someterse a un test antinarcóticos. El proyecto fue votado por la amplia mayoría del Concejo Deliberante.
De acuerdo al texto de la ordenanza, la medida aplicará a “las personas que desempeñen funciones por elección popular, intendente, viceintendente, concejales y tribunos, los secretarios y subsecretarios, directores y subdirectores, asesores o las personas que por disposición legal o reglamentaria ejerzan funciones de jerarquía equivalente a la de los cargos mencionados”
Así, se les exigirá entregar los resultados de una serie de estudios médicos. Al mismo tiempo se estableció que en los casos en los que se incumpla con esta obligación se arbitrarán los mecanismos para el abordaje integral en situación de “consumo problemático de drogas psicotrópicas ilegales”.
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Las bancas Hacemos por Córdoba, Córdoba Cambia, Vamos Córdoba, Encuentro Vecinal, Evolución Radical y la mayoría de la UCR dieron su aprobación. De este último partido la única en abstenerse fue Daniela Sacchi. Gabriela Paulí, de Fuerza de la Gente, también se abstuvo y Laura Cubas (Frente de Izquierda y los Trabajadores) votó en contra.
