En la primera semana de gestión, el gobernador Martín Llaryora hizo anuncios públicos en materia de seguridad: presentó un proyecto de ley para combatir la inseguridad y el narcotráfico e impulsó el fortalecimiento del Ministerio Público Fiscal.
En ese contexto, el ministro de Seguridad Pablo Quinteros detalló en El Show del Lagarto cuáles son los alcances del plan de Seguridad Pública en el territorio provincial y amplió uno de los puntos centrales: la fusión de los sectores privados y guardias locales a la actividad para combatir la inseguridad y la autorización para el uso de armas no letales.
Quinteros explicó que capacitarán al personal de esas empresas privadas, previamente catalogadas, y a los trabajadores del área de prevención y convivencia de las municipalidades y comunas que adhieran a la ley. “Nadie va a salir a la calle con un arma sin tener su previa capacitación y no todas las empresas de seguridad lo podrán tener”, remarcó.
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Además, afirmó que a través de la norma darán la “garantía” ante la Justicia, ya que "cualquier empresa que tenga personal que porte un arma va a estar certificado y capacitado para la portación y capacitación”. “Ese es el desafío que debemos afrontar”, subrayó.
Respecto a los límites de actuación, el ministro de Seguridad aclaró que “ni los preventores de seguridad y convivencia ni quienes estén en el sector privado adquieren estado policial”. “La tarea de la Policía no se reemplaza, vienen a ser auxiliares de la Policía. Tienen un ámbito delimitado que la ley lo deja claro y no se extralimiten en las funciones”, señaló.
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Los seis ejes
1. Guardias locales de prevención y convivencia: las municipalidades y comunas que adhieran a la Ley contarán con sus propias fuerzas de seguridad. Las mismas deberán “colaborar en el marco de sus funciones en la prevención del delito y las contravenciones”.
De aprobarse el proyecto sin modificaciones, estos oficiales podrán usar armas no letales. Para ello primero tendrán que ser capacitados y certificados por la Policía de Córdoba.
2. Nuevas fiscalías: impulsarán la creación de seis nuevas Fiscalías Antinarcóticos. Las mismas se ubicarán en las localidades de Villa Dolores, Carlos Paz, Bell Ville, Marcos Juárez, Cruz del Eje y la ciudad de Córdoba.
Por otro lado, el oficialismo apunta a crear 12 Fiscalías Criminales en la capital provincial y la figura de auxiliar de los servicios de seguridad.
3. Gestión privada de la seguridad: se podrá contratar a empresas privadas para la custodia de edificios o cualquier otra infraestructura pública. Los guardias de estas firmas también podrán portar dispositivos no letales y, al igual que en el primer punto, tendrán que contar con la certificación correspondiente.
4. Plan de desarme: la ley enviada a la Legislatura establece la estimulación económica del plan de desarme. Así, el Estado pagará a quienes entreguen sus armas de manera voluntaria.
5. Narcotest: los funcionarios públicos deberán presentar un certificado negativo expedido por institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales.
La medida alcanzará a quienes desempeñen funciones por elección popular: al gobernador, vicegobernador, legisladores y tribunos, ministros, secretarios, directores y subdirectores, asesores y toda persona que ejerza funciones de jerarquía equivalente.
6. Cámaras de seguridad vinculadas con la Policía: el Ejecutivo exigirá que todas las cámaras de seguridad orientadas hacia el exterior estén articuladas con el centro de monitoreo de la Policía de la Provincia. Abarcará a aquellos dispositivos ubicados en bancos, grandes superficies comerciales, edificios públicos, estaciones de servicio, espacios públicos y otros.